La investidura sortea el riesgo de repetición electoral en Navidad y da tiempo a Feijóo y Sánchez

Una vez Feijóo tuvo el encargo del Rey, en la noche del martes, Armengol telefoneó al candidato propuesto para abordar la cuestión de la fecha. En esa conversación le trasladó formalmente el líder del PP que quería algo de tiempo para poder hablar con los diferentes grupos parlamentarios. Es decir, descartaba ir a la investidura ya la próxima semana. En la mañana de ayer Armengol volvía a llamar a Feijóo para comunicarle la fecha elegida, que le compete determinar a ella en virtud del artículo 170 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Feijóo le trasladó su conformidad con la misma.

Armengol ha optado por evitar un choque institucional, que se habría producido si no hubiese accedido a la petición del candidato de concederle algo de tiempo para negociar. La presidenta defendió que con esta fecha «se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las distintas formaciones políticas». Armengol recordó que la media del tiempo transcurrido en pasadas legislaturas es de un mes entre el encargo y el debate. Y con la fecha elegida habrán transcurrido 35 días desde la designación y el debate de investidura.

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Con la fecha escogida se logran varias cosas. En primer lugar se da gusto al candidato Feijóo, que este martes manifestó que empezará la próxima semana su ronda con los grupos. Un planteamiento con el que, por tanto, quedaba descartada la posibilidad de una sesión la próxima semana. Feijóo quiere transmitir que asume el encargo no como un trámite, pese a lo improbable de su elección. Sino que se lo toma en serio y abre negociaciones para intentarlo.

El segundo objetivo que se logra con esta fecha es el de sortear el riesgo de una repetición electoral en plenas Navidades. Con la fecha escogida, y aplicando los mecanismos que rigen en la ley electoral, será el 27 de septiembre cuando se produzca la primera votación y cuando empiece a contar el plazo de dos meses. El segundo objetivo que se logra con esta fecha es el de sortear el riesgo de una repetición electoral en plenas Navidades.

Si Feijóo no es investido, Sánchez tendrá hasta el 27 de noviembre para proponer una mayoría alternativa. De lo contrario. Las Cortes quedarían disueltas. El Real Decreto se publicaría al día siguiente y las elecciones se celebrarían 47 días después. Esa nueva cita con las urnas sería el 14 de enero. Arrancando la campaña electoral el viernes 5 de enero, en pleno fin de semana de Reyes. Pero evitando que el grueso de la campaña y el día de la votación sean en plenas fiestas. La decisión traslada otra consecuencia. Y es que desde hoy y hasta el próximo 27 de noviembre Sánchez va a contar con algo más de tres meses para negociar una alternativa.

No hay unanimidad ni en el PSOE ni en el PP del efecto que puede tener en términos de desgaste del candidato un plazo más amplio de lo previsto. En el PSOE hay gente que lamenta que Feijóo tenga ahora tanto foco. A otros en el PP le preocupa exactamente eso. Una vez que no hay opciones factibles de que la investidura salga adelante. En este sentido, Génova prepara desde ayer la forma de articular su estrategia y su agenda para el próximo mes. Que incluirá una ronda con los partidos políticos con representación parlamentaria de la que los populares han decidido que solo excluirán a Bildu.

Ayer el portavoz del PNV, Aitor Esteban, volvió a insistir en que su partido votará en contra de la investidura de Feijóo, aduciendo que para que la misma salga adelante es imprescindible el concurso de Vox. Eso sí, los nacionalistas vascos le reconocen su legitimidad y acudirán a la reunión a la que sean convocados. El PP sí incluirá entre sus llamadas a ERC y Junts. Los diferentes portavoces populares se desplegaron ayer para defender la estrategia, pero ese punto generó distorsiones. Con pocos minutos de diferencia el coordinador general del PP, Elías Bendodo, defendió que Junts hacía tiempo que estaba fuera del marco constitucional, mientras que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons defendía que «es un grupo parlamentario, que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda». La número dos del PP, Cuca Gamarra, marcaba posición explicando que van a «convocar a todas las fuerzas políticas» y que su formación solo tiene «una línea roja que es Bildu y eso lo entiende toda España». Pero a la vez defendió que la intención del PP es buscar los apoyos para dar a los españoles una alternativa y un Gobierno que no pase por los que quieren romper España.