El Tribunal Supremo decidirá si saca a Santos Cerdán de prisión el 22 de julio

En una providencia, el tribunal informa a las partes de que el magistrado designado para ser ponente del recurso de apelación de Santos Cerdán es Pablo Llarena -el instructor del 'procés'- y de que la Sala celebrará una vista para valorar el asunto.

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Cabe recordar que el magistrado instructor Leopoldo Puente acordó la prisión sin fianza para Cerdán el pasado 30 de junio después de que declarara sólo a preguntas de su letrado y ante el riesgo de destrucción de pruebas que apreció.

El ex secretario de Organización del PSOE presentó ese recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal alegando que Puente acordó su entrada en prisión no para evitar la destrucción de pruebas sino para que acabara confesando.

«Esta función no aparece explícitamente expresada en el auto recurrido, pero este antecedente tan cercano procesalmente nos lleva a interrogarnos si alguien puede haber solicitado la medida de prisión provisional a la espera de provocar del Sr. Santos Cerdán una confesión», se lía en su recurso haciendo alusión al comisionista también investigado Víctor de Aldama que estuvo en prisión y «posteriormente, al confesar su participación en varios delitos y proporcionarle material (...) a la acusación pública, fue puesto en libertad».

La defensa calificó de «radicalmente ilegítima» dicha finalidad y consideró también que el Supremo había abierto contra Cerdán una «causa general» y prospectiva: «El objetivo es investigar 'para ver si' finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva».

Así, el letrado de Cerdán consideró que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente con el envío a prisión porque se adoptó, sostenía, sin «indicios de criminalidad suficientes» y apoyada en las grabaciones requisadas al asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Sobre esos audios, indicaba que debían ser anulados porque ni se clonaron ni se volcaron en el Juzgado después del registro de la Guardia Civil del febrero de 2024.

Por su parte, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un duro escrito se pronunció en contra de dejarle en libertad dados los poderosos indicios que existían contra Cerdán y para evitar que destruyera pruebas que pudieran arrojar luz sobre la identidad de la «parte activa» de la corrupción.

Indicaba además que, de lo investigado por la UCO, se revela que Cerdán «asumió la dirección» de una organización criminal y que «desde su alto cargo en el PSOE» logró «penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces denominado Ministerio de Fomento». Sostenía que, desde esa base, estableció desde el principio «un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas».

Por otro lado, argumentaba que la beligerancia de la defensa contra los grabaciones subrepticias de Koldo García no tiene fundamento porque «aparecen completas, sin saltos ni supresiones y, en principio, mantienen su continuidad». Y aclaraba que, si bien las mismas «no permiten precisar si el recurrente, más allá de su papel de cobrador de comisiones ilegales de Acciona (...) percibía también él mismo alguna cantidad», sí que parece «lógico que así fuera» y que «su papel en la organización no fuera el de mero intermediario».

Entendía Luzón que, además, «cobra fuerza» la declaración que prestó el empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en noviembre de 2024 cuando relató cómo se implicó con Koldo García en una licitación de una constructora, cuyo nombre prefería omitir, y cómo el exasesor ministerial le explicó que había cupos y que «el cupo vasco es el de Santos Cerdán».

Para el Ministerio Público, otra cuestión que revela el decisivo papel que desempeñaba Cerdán en la organización criminal es la «influencia desplegada por él en los nombramientos de cargos clave en el ministerio del recién nombrado ministro José Luis Ábalos» en 2018.

Cabe recordar que el magistrado le imputa delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por su presunta participación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública a empresas como Acciona Construcción, 'Levantina, Ingeniería y Construcción' (LIC) y 'Obras Públicas y Regadíos' (OPR).