La trama de Koldo contactó al correo personal de un director de Armengol: «Estimado Manuel»

Bajo el asunto «Contenido Avión 26042020 (KN95)» el representante de la empresa, ahora investigada por el presunto cobro de comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia, informaba de que tenía un avión cargado de mascarillas desde China con destino al aeropuerto de Madrid Barajas que podía «escalar en Palma». El email, al que ha tenido acceso ABC, está enviado el 25 de abril de 2020 a las 16.25 horas.

«Estimado Manuel», se presenta Rotaetxe con tono de confianza, «te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26 [de abril de 2020] mañana al mediodía o a principios de la tarde». Quien se dirige a la administración de la socialista Armengol es considerado la persona de confianza de Juan Carlos Cueto, el supuesto 'cerebro' de la operación Delorme que salpica al Ministerio de José Luis Ábalos. Una trama a la que la Fiscalía Anticorrupción atribuye presuntos delitos de organización criminal.

Rotaetxe adjunta la documentación de calidad del avión en la que indica los «test report» (las fichas técnicas) de las mascarillas así como «la inspección report». Esta comunicación se hace paralelamente al correo personal del director de Armengol, una cuenta de Gmail, además del laboral. La empresa reconoce que hubo una conversación telefónica previa a este mail del 25 de abril de 2020. En su escrito de alegaciones, Soluciones de Gestión responde en noviembre de 2023 a la «extemporánea» y queja del IB-Salut para justificar que se ciñó a lo pactado verbalmente y descartar cualquier abono a la comunidad autónoma.

Ese día 25 de abril que la empresa de la trama de Koldo García contacta con el director de gestión de Armengol, Palomino reenvía el correo electrónico de Rotaetxe al subdirector de compras, Antonio Mascaró, y valoran internamente el contenido de este envío para decidir si se efectuaba la compra, como así fue. En cuestión de horas, ese mismo día, el subdirector de compras y logística pone en contacto a la empresa Soluciones de Gestión con Latinmar, que sería el representante aduanero del Servicio balear de Salud en esta compra, para que se coordinen en la entrega del material.

Dos días después, el 27 de abril se recibe el lote 1.481.990 de mascarillas en 1.329 cajas. Al día siguiente, el 28 de abril, se valoran las características de las mascarillas mediante la subdirección de compras y logística, con un cruce de correos entre el subdirector y un jefe de servicio. Ya entonces se comunica de forma interna que las mascarillas recibidas no son para uso hospitalario. Se dan cuenta, por tanto, de que son inservibles para proteger a los sanitarios. Resultan no ser FFP2 sino quirúrgicas. Todas se almacenan sin usar y no se reclama hasta tres años más tarde, un año más tarde de la personación de la Guardia Civil a las dependencias del IB-Salut.

Los correos cruzados en la subdirección de compras hacen referencia ya el 27 de abril de 2020 a que el pedido original lo hizo otra administración pública -y por eso ya estaba en marcha- aunque finalmente no se ejecutó. Por la investigación ahora en curso se sabe que Soluciones de Gestión SL endosó este lote de ínfima calidad al Gobierno de Baleares 'in extremis', cuando el avión ya estaba fletado, porque el ejecutivo de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, al que se había ofrecido antes, lo descartó por ser «claramente defectuosas».

Ese 27 de abril de 2020 se solicita por parte del jefe de servicio de la central de Compras la codificación en el sistema interno de inventario del Servicio de Salud un código distinto a las mascarillas FFP2 estándar que estaban adquiriendo. El PSOE balear se agarra a este código para defender que las mascarillas no eran inservibles y que se adquirieron no para los sanitarios sino para uso doméstico. La realidad es que ni se usaron ni se reclamó hasta que la práctica totalidad ya había caducado.

El correo electrónico, al que ha tenido acceso este diario, dice: «necesitamos un código SAP para una compra que hemos hecho para uso ciudadano, no intrahospitalario. La descripción podría ser algo así como 'mascarilla FFP2 KN95 uso extrahospitalario'. Al final, se trata de tenerlas diferenciadas de las FFP2 estándar».

Posteriormente, el 30 de abril de 2020 se registra la factura emitida por Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros (más el flete del avión y técnicos), casi 4 millones. Se paga el 5 de mayo, tal y como avanzó este diario, siete veces más rápido que el pago medio en ese momento, que era de 43 días, y pese a que ya sospechaban del material y lo habían inmovilizado.

Tras estallar el escándalo del caso mascarillas, Armengol guardó silencio durante seis días. Después salió a declararse «indignadísima» y «víctima de la trama». Su huida del foco mediático dejó solo ante los medios a su mano derecha, Iago Negueruela, que este lunes se desplazó a Madrid para amparar a su jefa de filas y calificar el goteo de informaciones de «caza contra la presidenta del Congreso».

Trece días después y ante las reiteradas peticiones de dimisión del PP, Armengol volvió a comparecer este martes, visiblemente nerviosa, desde su escritorio del Congreso para tratar defender con ahínco la gestión de su gobierno. Pero nuevamente ocultó datos clave de la operación e incurrió en numerosas contradicciones y omisiones.

La presidenta del Congreso se negó este martes a responder la pregunta más obvia y que le plantearon sin éxito los periodistas hasta en tres ocasiones. ¿Quién de su gobierno y del Ministerio contactó para recomendar estas mascarillas? Tampoco aprovechó para despejar la creciente duda sobre si fue ella. «En ese momento necesitábamos mascarillas todas las administraciones públicas y nos llegaron propuestas a todas de diferentes personas pero, obviamente, pensando que todo el mundo quería ayudar. ¿Alguien puede pensar que el Gobierno balear pertenece a alguna trama?», regateó la presidenta de la Cámara baja preguntada reiteradamente por los nombres y cargos que cerraron este trato, informa Gregoria Caro.

Armengol se limitó a señalar que el Servicio de Salud balear era el organismo que decidía «técnicamente» si se tenía que comprar o no cualquier elemento. Y justificó la excesiva tardanza en reclamar las mascarillas fraudulentas - tres años después- alegando una acumulación de trabajo pese a que en 2022 ya se había recuperado la normalidad tras la pandemia. Y además, estaban apercibidos por la Guardia Civil de la investigación a la empresa.

Armengol señala como responsables de las decisiones que se tomaban a los «técnicos del Servicio de Salud» y a la «gente seria» que «decidía si comprar el material no», excluyendo así a sus altos cargos que gestionaron esta compra y que, como corroboran los correos citados, intervinieron directamente. También culpa a la lentitud de la administración para justificar que reclamara tan tarde, aunque la realidad es que hasta el 6 de julio de 2023 no se movió ni un papel para hacerlo sin mostrar voluntad en todo ese tiempo.

Armengol recordó que el lote de mascarillas se mandó analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, salvando así la cuestionable calidad de unas mascarillas que aunque «no filtraban como FFP2» considera, con criterio de farmacéutica, que servían como mascarillas quirúrgicas.

Se contradijo al afirmar que se almacenaron para reclamarlas, aunque no lo hiciera en tres años, y que se guardaron porque la pandemia seguía y se podían usar, cosa que tampoco hizo dejándolas caducar en un almacén. Armengol insistió en que se compraron mascarillas quirúrgicas cuando el contrato de emergencia, revelado este martes por ABC, justificaba que el material se compró para los sanitarios.

La presidenta del Congreso omitió que su gobierno autonómico ocultó a Intervención el informe que acreditaba la mala calidad de las mascarillas y, por tanto, Intervención no tenía forma de saber esta circunstancia que invalidaba los cubrebocas. Se limitó a decir que el contrato estaba auditado por Intervención, pasando por alto esta ocultación.

El Partido Popular de Baleares insiste en pedir la dimisión de Armengol y la apunta directamente como intermediaria al entender que «con silencio ha constatado que a quién llamó Ábalos fue a ella». Según el portavoz del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, la expresidenta de Baleares también miente al decir que informó a la presidenta Prohens en el traspaso de poderes: «Nunca quiso que se produjera ninguna reunión».

Los socialistas lo enmarcan en una «caza de brujas» y se aferran para su defensa que el expediente de reclamación, que apuró para iniciar el último día de su legislatura, ha caducado por culpa del gobierno actual, un extremo que el IB-Salut desmiente.

Ya hay una auditoría interna en marcha del Servicio de Salud y el Ejecutivo insular solicitó personarse como parte perjudicada en el proceso judicial, pero el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, se lo denegó este martes por considerar que en todo caso se habrían visto afectados fondos europeos