Se reanuda el juicio por el «caso Malaya» con la declaración del testaferro de Roca

Según la acusación, el convenio urbanístico con la corporación municipal permitió un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo, que el acusado ha reconocido. Respecto a la negociación de este documento, ha señalado que supone que Román negoció con Roca, aunque ha apuntado que cree, incluso, que t ambién se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Jesús Gil .

No obstante, ha declarado que "no tenía la intención ni el conocimiento de una influencia decisiva de Roca en ese convenio" y ha asegurado que no sabe por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento. En la "Operación Crucero Banús", según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros, mientras que los procesados lograron un beneficio de más de seis millones de euros. Hoffman ha declarado que en 2001 no tenía relación de amistad o negocio con éste, al que conocía "de hola y adiós".

Las sesiones se reanudan hoy después de que las defensas expusieran durante septiembre y octubre sus cuestiones previas relativas a la competencia de la Sala y supuestas vulneraciones de derechos fundamentales por las escuchas, registros o detenciones; y una vez que el Tribunal encargado de juzgar el caso haya desestimado inicialmente estas alegaciones al proceso.

En este bloque se unirán también, a petición de las acusaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento marbellí, las declaraciones de otros procesados como el empresario José Avila por un delito de blanqueo, el ex alcalde Julián Muñoz por un delito de malversación, el tasador José Mora por falsedad documental y malversación y Roca por prevaricación y falsedad. En este punto, el fiscal precisa que por escritura pública en octubre de 2002 se transmite el 90 por ciento del capital social de Yambali 2000 SL a dos entidades de José Avila Rojas, representadas ambas por dicho empresario.