Primero los aeropuertos, después la Seguridad Social: el PNV acelera y reclama lo prometido por Sánchez

«Vamos a empezar con las que están más en el corto plazo», ha dicho la portavoz en referencia a la competencia sobre litorales, puertos y aeropuertos. Una prioridad a la que ya se ha referido en anteriores ocasiones el recién investido lendakari, Imanol Pradales, después de culminar a principios de año el traspaso de la gestión de líneas de Cercanías, la homologación de títulos y estudios superiores cursados en el extranjero y la fase de autonomía del sistema de protección internacional.

El acuerdo, refrendado el pasado noviembre en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, establece que en un plazo de dos años deben transferirse al País Vasco las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Guernica. Entre ellas, la referida al Régimen Económico de la Seguridad Social. «Un tema complejo», según Ubarrechena, pero que está desde el día uno en la agenda de su Departamento: «Hay temas más fáciles que otros [...], pero ya hay propuestas encima de la mesa».

La cuestión del autogobierno es uno de los temas centrales del pacto aprobado entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PNV, cuyo Gobierno de coalición empieza ahora a andar. Defender lo alcanzado, alcanzar aquello que queda pendiente y un nuevo Pacto Estatutario son los tres ejes en este sentido, que en materia económica se traduce en «fortalecer y desarrollar el Autogobierno económico y financiero de Euskadi», según figura en las bases del programa consensuado entre socialistas y peneuvistas.

Entre lo pendiente, referido al completo desarrollo del Estatuto de 1979, figura ese cambio de manos en la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social», tal y como está escrito en el artículo 18 de dicho texto. Una concesión que provoca recelos entre asociaciones de profesionales, como los inspectores de trabajo, o los partidos de la oposición, que han alertado del riesgo de «ruptura de la caja única».

De acuerdo con el título VIII de la Constitución Española (CE), que aborda la Organización Territorial del Estado, en su artículo 149 establece que éste último tiene «competencia exclusiva» sobre la «legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social». Y añade: «Sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas». A la espera de cómo se configure el traspaso y de su letra pequeña ahí está el debate. Uno que está claro que el PNV quiere acelerar, pues, mientras Pradales todavía está iniciando la ronda de contactos con agentes sociales y partidos políticos, ya conminan al Gobierno central a sentarse para tratar el asunto bilateralmente.

En cuanto a esas reuniones en clave regional, Ubarrechena, que ha comparecido en la sede del Gobierno en Vitoria junto al vicelendakari Mikel Torres, no ha querido concretar sus fechas. Sí que, a diferencia de la línea seguida por Íñigo Urkullu, han decidido excluir a la representante de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez. El motivo, según ha explicado, que la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal «no comparte» su marco ético y democrático. «Respetamos la representación de Vox, pero la ronda de contactos busca unas mínimas bases para el futuro del país», ha dicho criticando que el partido no reconoce la realidad del «autogobierno».

Desde la formación, que logró mantener su diputado en la Cámara regional el 21-A, denuncian que el PNV «pretende excluir del debate y de la vida pública a miles de vascos». Afirman que no tienen interés en reunirse con «partidos separatistas». De hecho, en la 'etapa Urkullu' ya rechazaron acudir a la convocatoria del exlendakari. Advierten que van a ser la voz «de todos esos vascos que sufren los problemas a los que Pradales ha decidido dar la espalda», entre los que mencionan la inmigración ilegal o la degradación de los servicios públicos.