Peinado imputa un nuevo delito a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar

De esta manera, el magistrado, en un auto al que ha tenido acceso ABC, suma un nuevo delito para Begoña Gómez, a la que ya investigaba por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Según explica en su resolución, el juez se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de junio que apuntaba en sus fundamentos jurídicos que se debía determinar qué indicios de responsabilidad se le podían imputar a la asistente de Begoña Gómez, y conminaba a Peinado a centrarse «en si (Álvarez) se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez) en el delito de tráfico de influencias».

El tribunal quería conocer si hubo así una «desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados». Y, dado que acota las funciones del cargo de la asistente «en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno» consideró «imprescindible» la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios de los dispositivos de la asesora.

La Sala, recuerda Peinado en este nuevo auto, también ponía ejemplos de esa posible actividad de la asistente que se alejaría de sus cometidos oficiales. Así señalaba que el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio dijo en su testifical que tenía «muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la universidad, siendo ella la receptora de los correos».

Para el tribunal, éste y otro ejemplos podrían suponer «una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración» y añadía a esto que otro dato importante es que ambas eran amigas antes de que Álvarez fuera nombrada para ese cargo de confianza. «(Esto) podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno», explicaba el tribunal.

Tras citar literalmente el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, Peinado indica que ahora es «procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez». Y señala para la primera declaración el próximo 10 de septiembre a las 11.00 horas, y un día más tarde, a las 10.30 horas, a la esposa de Pedro Sánchez.

Las imputa este nuevo delito en el marco de la pieza separada de la causa 08/2025 que abrió en marzo de este año y en la que imputó por malversación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su puesto de responsabilidad en La Moncloa en el tiempo en el que se contrató a Álvarez.

En esa misma pieza fue en la que tomó declaración en calidad de testigo en abril al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dado que en el tiempo de la contratación de la asistente era secretario general de la Presidencia.

Cabe recordar que tras su declaración, el juez elevó exposición razonada al Tribunal Supremo en la que apuntaba que era oportuno investigarle dados los «indicios razonables, sólidos y cualificados» para imputarle un delito de falso testimonio y otro de malversación de caudales, algo que el Alto Tribunal rechazó.