El PP vasco denuncia «macrochiringuitos» y «contrataciones opacas» en las entidades comarcales de la provincia de Álava

«Se crean una serie de plazas a medida para que entre la persona que quieren que entre», ha asegurado este martes Iñaki Oyarzabal, presidente del PP en la provincia de Álava, en una rueda de prensa. Esto, en su opinión, termina por general una «red clientelar» en las comarcas, lo que han calificado como «una forma clara de corrupción».

En Álava se denomina cuadrilla a cada una de las demarcaciones que conforman el territorio histórico. Se trata de una división que se remonta al siglo XVI. Cada una de ellas cuenta con una junta de administración que vela por los intereses particulares de cada una de las comarcas. Están financiadas con dinero público y su principal cometido es el de atender y administrar las necesidades de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales.

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«Se crearon con un objetivo positivo, que era mancomunar los servicios de la zona rural para que saliesen más baratos a los alaveses«, ha reconocido Ana Salazar, secretaria general del PP en la provincia. Sin embargo, ha lamentado que hace tiempo que perdieron esa función y que en más de una ocasión los ayuntamientos se están viendo obligados a contratar a terceros, ajenos a las cuadrillas, por su alto coste. Es lo que ocurrió, ha explicado, en la localidad de Cuartango, donde Salazar también es concejal, pagan al Ayuntamiento de Iruña de Oca, y no a la cuadrilla por el trabajo del asistente social.

Oyarzabal ha denunciado, además, que la mayoría de estas mancomunidades llevan 26 años «sin auditarse». Según los datos aportados por los populares, en la actualidad cuentan con 114 técnicos contratados y el gasto total de personal en el año 2022 ascendió a los 6.481.871,46 euros. Supone que el salario medio de los empleados asciende al os 57.000 euros anuales. «Hemos tratado de que el tribunal de cuentas las audite, sin éxito, y nos niegan la información», ha lamentado el dirigente del PP alavés.

El PP alavés vincula además la existencia de estas entidades «opacas» con la trama de corrupción que ha puesto de manifestó el caso 'De Miguel', la mayor trama de corrupción del Gobierno vasco que ha salpicado de lleno al PNV. De hecho, ya en la sentencia se «confirma», según recuerdan desde el PP, que estas entidades jugaron «un papel clave» en la red clientelar que crearon los dirigentes nacionalistas en la provincia de Álava. «El modo de operar del PNV es un modelo de favoritismos para familiares y amigos que está asfixiando la iniciativa de nuestro territorio», ha lamentado.

Las cuadrillas, en tanto en cuanto forman parte de la administración local, están obligadas por ley a contar con un portal de trasparencia. Sin embargo, en este caso no solo no lo tienen, sino que la solicitud de los populares para realizar una auditoría no ha tenido respuesta. Es por ello que pedirán la publicación de todos los puestos de trabajo. «Son datos sumamente preocupantes», ha lamentado Salazar. «No vale con pedir perdón si se sigue protegiendo a los corruptos; no vale con pedir perdón cuando el PNV hace la vida imposible a quienes denuncian la corrupción», ha concluido Oyarzabal.