El ministro Torres adjudicó en 2020 casi 9,8 millones a la empresa del caso Koldo

El informe fiscalizador, aprobado gracias a los votos de los consejeros propuestos por PP y Coalición Canaria, denuncia que el ejecutivo autonómico no cumplió con la normativa y se saltó los topes de gasto: «Las verificaciones realizadas han permitido constatar que la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de La Salud, autorizó gastos superando los umbrales establecidos en la citada normativa, sin que conste que para la realización de los mismos haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias.

La Audiencia de Cuentas enumera los expedientes concretos a los que se refiere y dos de ellos corresponden a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad de la que era intermediario Víctor de Aldama, el cerebro de la trama Koldo. En concreto se trata del suministro de dos millones de mascarillas KN95 para el Servicio Canario de la Salud por importe de 5 millones de euros y otros 4,78 millones para masacrillas FFP2.

Por otro lado, la Audiencia ha cotejado si las empresas proveedoras disponían de «capacidad de obrar», como exige la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y gozaban de «solvencia económica, financiera y técnica». Los consejeros de cuentas comprobaron que «el objeto social de seis no se correspondía con el del objeto del contrato y cinco no figuraban inscritas en el registro antes citado». En el caso de Soluciones de Gestión, incumple ambos preceptos.

El importe total de los contratos adjudicados a las empresas auditadas ascendió a 81,9 millones de euros. El documento señala que el 62 por ciento se concentró en las cuatro primeras, «de las cuales dos de ellas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. (11,93%) e Injoo Technology S. L. (10,87%), son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario». Así, el informe denuncia que el Servicio Canario de Salud «adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el art. 74 de la LCSP, ni tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración (…) pudiendo estar incursos en tales expedientes en causa de nulidad».

Por otro lado, el informe fiscalizador denuncia una posible responsabilidad contable en un contrato de 4 millones adjudicado a la empresa RR7 United a cambio de una partida de mascarillas que no se llegó a entregar.

Fuentes de la Audiencia de Canarias explicaron a ABC que el informe se ha aprobado por mayoría pero con los votos en contra de los dos consejeros propuestos por el Partido Socialista: Luis Ibarra, expresidente de la Autoridad Porturia de Las Palmas, y Almudena Estévez. Ya está en manos del Parlamento.