«¡Se han cargado a un chico como un castillo!»
Dos nuevos testigos dan un vuelco al caso del hombre que lleva 21 años en coma por supuesta negligencia. El Tribunal Supremo revisó ayer la causa
MARÍA ISABEL SERRANO
No anda. No habla. Tiene cuerpo y rostro desfigurados. Nadie sabe lo que pasa por su mente, si es que pasa. Pero ahí estuvo. Le llevaron, sus padres, en camilla. Antonio Meño ocupó un sitio en la sala de lo Civil del Tribunal Supremo donde ... se reabría su caso. Hace 21 años se quedó en coma irreversible por el fallo anestésico de una rinoplastia. «Él es la mejor prueba de que ha habido negligencia médica», decía su madre, Juana Ortega, a las puertas del alto tribunal. La familia lleva mucho pasado y no tiene todas consigo.
Pero ahora el panorama es otro. Hay dos testigos nuevos: Ignacio Frade García, el médico que estuvo de aprendiz en el quirófano cuando Antonio sufrió un fallo en la anestesia (ver ABC del 19 de octubre), y Juliana Gómez, la mujer que esperaba la salida de su hijo de otro quirófano y que escuchó que allí dentro acaba de ocurrir una tragedia. Por sus testimonios, básicamente, el fiscal pide que se reabra el caso de Antonio. La sentencia, en diez días.
«¡Se han cargado a un chico que ha entrado por su propio pie! ¡Un tío como un castillo!». Esto es lo que escuchó Juliana el 3 de julio de 1989, en la clínica Nuestra Señora de América, y así lo contó ayer en la sala de lo Civil del Supremo. Ella esperaba que terminase la operación de fimosis que estaban practicando a su hijo de tres años. «La gente estaba muy alarmada. Yo, desde la sala de espera, lo vi todo». Luego, cuando a su pequeño le dieron el alta, se marchó a casa. Y un día, paseando por la plaza de Jacinto Benavente, se encontró con el chamizo-protesta de los Meño-Ortega. Fue entonces cuando decidió contar lo que había presenciado.
El caso de Antonio ha dado muchas vueltas hasta ayer. Se cerró después de que la Audiencia Provincial de Madrid y el propio Tribunal Supremo rechazaran las demandas de la familia Meño Ortega al considerar que no existió negligencia médica. Antes de llegar aquí, el anestesista, Francisco González Martín, fue condenado a indemnizar a los padres de la víctima con una fuerte cantidad de dinero, pero la Audiencia Provincial anuló la sentencia y, por tanto, la indemnización. La tesis del doctor González Martín, que ayer también declaró en el Supremo, era la de que Antonio se atragantó tras ser operado, vomitó y se le cayó el tubo de la anestesia.
Sin embargo, el entonces aprendiz y hoy doctor Ignacio Frade García se ratificó en su testimonio escrito de que al paciente, que estaba en la mesa de operaciones por una simple rinoplastia, se le había salido el tubo de la anestesia y estuvo «unos diez minutos sin respirar», lo que le provocó el daño cerebral irreversible.
Ayer, también, se puso sobre la mesa que el anestesista podía haber estado en dos quirófanos a la vez y por ello no se percató del fallo anéstésico de Antonio. De hecho, el abogado de la familia, Luis Bertelli, intentó precisar si el doctor González García estuvo anestesiando dos operaciones simultáneas porque queda atestiguado que ese 3 de julio de 1989 tenía tres operaciones programadas. Una fue antes de la de Antonio, pero no consta que hubiera una tercera, lo que hace suponer que, en efecto, hiciera dos en el mismo momento. El propio anestesista manifestó ayer, ante la sala, no recordar tal detalle.
El «grito» de Antonio
Durante los últimos veinte años, Frade García ha tenido el convencimiento de que el cirujano Miguel Ballester, su mentor y profesor ya fallecido, el que también era el responsable de la operación de Antonio Meño, había sido absuelto y el anestesista condenado. Sin embargo, el pasado mes de febrero, paseando por la plaza de Jacinto Benavente, se puso a hablar con Juana, la madre de Antonio. Recordó lo ocurrido e hizo una declaración diciendo, como se repitió ayer en el juicio, que el joven Meño sufrió presuntamente una negligencia médica.
La vista fue larga. Cuatro horas. Antonio sólo estuvo los primeros treinta minutos. Cada vez que el titular de la sala, el magistrado Juan Antonio Xiol, daba la palabra a los abogados de la parte demandada (anestesista, clínica y compañías aseguradoras, entre ellas, Caser), Antonio —qué casualidad— se intranquilizaba y comenzaba a gritar. A la tercera, el juez aconsejó que el hombre que lleva en coma 21 años abandonara la sala. Así se hizo en medio de un ambiente tenso, silencioso; de rabia y de impotencia.
Los abogados de la parte demandada basaron su «no» a la reapertura del caso en que poco, o nada, había cambiado, que el testimonio del doctor Frade García «no se atenía a la verdad» y que esta parte, la demandada,en ningún momento había tratado de ocultar pruebas, datos o el paradero de todos los que estuvieron en el quirófano hace 21 años para que prestaran declaración. Justo lo contrario del relato final del abogado de la familia: Antonio no vomitó, hubo ocultación de datos y este es un caso «donde la tragedia se une a la mentira».
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