Madrid 'desenchufa' los altavoces de los músicos callejeros de la Plaza Mayor

«Puede parecer que son acciones puntuales, pero es constante y multiplicado por todos los que hay. No son molestias, es un problema de salud pública que constituye un riesgo grave«, explica Ricardo Bustos, presidente de la asociación Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños. Antes de que se tomase esta decisión, relata Bustos, la Policía podía abrir expedientes por vía administrativa por superar los decibelios establecidos en la norma municipal pero «los músicos callejeros se declaraban insolventes o la multa no les llegaba porque no tenían un domicilio registrado», apunta Bustos. «Ahora, esta retirada provisional de los amplificadores es una medida mucho más disuasoria y permite a las autoridades contar con los medios adecuados para hacer cumplir la ley», subraya este vecino.

Los músicos, reconocen los vecinos de esta Zona de Prioridad Acústica Especial del Distrito Centro que llevan haciendo un seguimiento del ruido en la zona desde 2019, no son los únicos que utilizan estos altavoces 'pirata', pero sí los que más recurren a ellos, incumpliendo así los niveles de calidad acústica que fija la norma. «La mayoría de los expedientes abiertos, hasta un 85%, son de gente que no tiene ni permiso para tocar en la calle», detalla el portavoz de los Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños. Solo en los nueve primeros meses de este año, la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental había tramitado 35 denuncias por este motivo a actuaciones musicales de calle en la Plaza Mayor, frente a las 33 que se impusieron el año anterior y a las 57 de 2022.

Además de retirar provisionalmente los altavoces hasta que se pague la sanción correspondiente, y con el objtivo de lograr un mayor efecto disuasorio en el uso de este tipo de megafonía, este organismo municipal ha incrementado el importe de las sanciones impuestas por reiteración y reincidencia y el apercibimiento a los músicos reincidentes sobre la posible calificación de los hechos como delito medioambiental.

La megafonía, recuerda Bustos aludiendo a la ordenanza municipal actualizada en 2021, solo está autorizada en casos muy concretos, como emergencias o festividades muy señaladas: «Aunque ahí también tenemos ciertos desbordamientos por nuestra situación... Antes las fiestas tenían un formato acústico muy limitado, pero ahora hemos pasado a formatos de festival donde la excepcionalidad no es tal. Y al final estamos muy afectados, porque es una plaza cerrada, estamos excluidos de esas celebraciones porque no podemos ni abrir las ventanas y nuestras casas tiemblan».

Al menos, se consuela, esta vez han logrado, si estas medidas se cumplen, «devolver un poco de calidad de vida al entorno».