Cisma en el transporte público: Mantener la rebaja de tarifas actual le costaría a la Comunidad 500 millones al año

Una vez que se tumbó en el Congreso la ley ómnibus, dentro de la cual se encontraban estas ayudas al transporte mezcladas con otras muchas medidas, el ministro de Transportes, Óscar Puentes, anunció que ya ayer no habría rebajas en los precios del transporte. Pero finalmente, en el caso de Madrid esto sólo se ha materializado en los trenes: Metro y autobuses han continuado manteniendo los mismos precios que se aprobaron a comienzos de año.

Ello se debe a una decisión política –mezclada con la imposibilidad tecnológica de cambiarlos todos en 24 horas–, y es la decisión del Gobierno regional de no dejar tirados de la noche a la mañana a los madrileños con la caída de los descuentos. Por eso, desde la Real Casa de Correos se adelantó que las tarifas rebajadas se mantendrán «de momento», un periodo demasiado impreciso para calmar la inquietud reinante.

Pero es, lo saben ellos y también los usuarios, una solución de compromiso y temporal, a la espera de que el Ministerio habilite alguna otra fórmula para hacerles llegar los fondos que se comprometió a aportar para mantener estos descuentos hasta el 30 de junio de este año. Una cifra que ronda los 252 millones de euros anuales por parte del Gobierno central, y otro tanto del regional –para cubrir el 30 porciento de bajada en los precios que asumía cada una de las administraciones–. En el caso de Madrid, esta cifra se une a los 1.600 millones de euros que aporta cada año al funcionamiento del transporte público en la región. Y si el Ejecutivo autonómico tuviera que hacer frente solo a esta rebaja, porque el Ministerio de Transporte no abonara su parte, le supondría un coste extra de 504 millones de euros al año, apuntaron fuentes de la Consejería de Transportes a ABC.

Una cifra inasumible, dicen, que supondría un esfuerzo extraordinario que no se contempla en el presupuesto regional para este año. Por este motivo, la intención del Gobierno regional es mantener los precios tal y como están ahora, con las rebajas que se aplican desde 2022, pero sólo temporalmente, mientras instan a Puente a que encuentre otra vía para hacerles llegar su aportación.

En este sentido, el consejero de Transporte, Jorge Rodrigo, envió ayer una carta al ministro Puente en la que le señalaba su «preocupación» tras el rechazo de esa ley ómnibus –a la que el PP votó en contra–, y también le exigía «que se cumpla con el compromiso de extensión de las ayudas hasta el 30 de junio».

Le recuerda al ministro que «existen fórmulas alternativas a la planteada por el Gobierno con este real decreto, que no ha pensado en ningún momento en el bien de los ciudadanos». Tampoco ha buscado, dice en su misiva, «el acuerdo político, sino que deliberadamente, ha introducido medidas postivias para los españoles con otras muchas perjudiciales», fruto a su juicio de «compromisos ideológicos».

Le urge por fin a «encontrar una solución inmediata para el mantenimiento de las ayudas al transporte público». Le informa que Madrid las mantendrá pero advierte que sólo «temporalmente». Le sugiere posibilidades, como «la firma de un convenio o la concesión de ayudas directas al Consorcio Regional de Transportes».

El sentir general de buena parte de los viajeros es que las tarifas sin descuentos se elevan a unos precios «insostenibles». Ninguno de los usuarios que atendió a ABC está de acuerdo con la retirada de los descuentos. De hecho, para algunos de los consultados la posible subida podría suponer que no lleguen a fin de mes. Así al menos lo aseguraban aquellos que con sus sueldos no podrían pagar ahora mismo casi 100 euros mensuales para ir al trabajo: «No puedo».

Para colmo, el incremento de las tarifas no solo perjudicaría en la capacidad económica de los usuarios. La reducción del precio había hecho que aumentase la afluencia en el transporte público, el precio rebajado fomentaba el uso de este tipo de transporte. «Si vuelven a los precios de antes, la gente que no se lo podía permitir dejará de comprar el abono», aseguraba una de las beneficiarias del abono, convencida de que una parte pasará de viajar en el transporte público a volver a subirse en sus vehículos particulares.

Aunque no todos tendrán esa opción. «Nosotros no tenemos carné de conducir, así que no tenemos otro medio que no sea el transporte público para ir a trabajar y para movernos por la ciudad», sostenía una pareja usuaria recurrente del metro. Como ellos, la gran mayoría de los viajeros usan el transporte para acudir a sus trabajos, por lo que la subida de los precios por zonas también perjudicarían, y mucho, a aquellos que se ven obligados cada día a trasladarse. «Estoy segura de que habrá gente que se verá obligada a decir que no a un puesto de trabajo porque no se pueden permitir pagar la tarifa más alta», afirmaba otra de las afectadas.

Pese a que la medida tomada por la Comunidad de Madrid de mantener estos precios durante unos días se debe, principalmente, a la imposibilidad de cambiar los dispositivos tecnológicos de la noche a la mañana, los usuarios han sabido sacar provecho a esta situación y confesaban que aprovecharan estos días para «recargar todas las tarjetas». Cualquiera de las ventajas que puedan tener serán beneficiosas ante la incertidumbre de qué pasará en unos días.

Aunque el Gobierno regional espera llegar a una solución con el Ministerio de Transportes, los usuarios dudan de la capacidad de los dirigentes de negociar una solución. «No creo que lleguen a algún acuerdo, esto ya esta decidido», admitía disgustada una de las hasta la fecha beneficiadas. «Espero que sí, pero lo veo muy difícil», añadía un segundo. Otros, en cambio, creen que serán las comunidades las que individualmente se hagan cargo de ello: «Espero que las propias autonomías trabajarán para conseguir mantener al menos un precio más razonable».

Mientras tanto, los viajeros de Metro, Cercanías y EMT no escondían su malestar con esta decisión. «Deberían escucharse entre ellos, debería ser una unión entre partidos y no una desunión», afirmaba indignado uno de los entrevistados, quien valoraba con estupefacción cómo una vez más el pulso entre formaciones políticas afecta al bolsillo de la población.