El Ministerio de Hacienda interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

En la carta enviada por el Ministerio, a la que ha tenido acceso ABC, Hacienda explica al área de Economía del Ayuntamiento, que encabeza el edil Carlos Sánchez Mato , que «dado que no ha reconducido su senda de gasto , comprometiendo de forma reiterada el cumplimiento de la regla de gasto, y a la vista de la presente denegación, esa administración deberá informar a esta Secretaría General, como órgano en el que recae el ejercicio de la Tutela Financiera y con el objeto de tomar las decisiones que correspondan en el ejercicio de las competencias que la legislación le tiene atribuidas, con periodicidad semanal, a través del órgano de control interno, acerca de las medidas adoptadas o a adoptar por la Corporación para reconducir su senda al límite legal definido en el apartado anterior y explicado en el cuadro de la consideración 5 del apartado Cuarto de la presente resolución». Es decir, el Ministerio va a «monitorizar» todos los movimientos que el Ayuntamiento haga en las cuentas cada semana.

Hacienda se basa en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Pública y Suficiencia Financiera, para realizar un «seguimiento específico e imponer medidas coercitivas sobre esa administración ». Sin embargo, por ahora, Montoro no indica en el escrito que vaya a aplicar ninguna multa.

En el escrito, que según han confirmado fuentes municipales recibió Ayuntamiento anoche, se le insta a la corporación madrileña a enmendar el PEF presentado . «Deben incorporar medidas de ejecución que permitan corregir su senda de gasto de manera efectiva», indica el Ministerio. En concreto, como ya informó este diario, deben ajustar el gasto en 238.025.715,53 euros en 2017 y 243.586.509,71 en 2018 con el objetivo de que la administración madrileña se sitúe en la «senda legal de gasto» en el periodo 2017-2018.

Con este último requerimiento se pone fin a la vía administrativa. Contra esta decisión del Ministerio sólo cabe que el Ayuntamiento interponga un recurso en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en el plazo de dos meses.