Maltratos a ancianas: la gerente de la residencia tenía ocultas las quejas de los familiares

Los inspectores hallaron ayer las denuncias y proponen que Isidora G. G. sea suspendida cinco años

MADRID Actualizado: Guardar
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La directora gerente de la residencia de ancianos Los Nogales, en Hortaleza, Isidora G. G., tenía ocultos en su despacho las distintas quejas recibidas al menos en los últimos meses por parte de los familiares de los internos. Las mantenía guardadas sin trasladarlas al libro de registro que debía de haber pasado, además, a la Comunidad de Madrid, con la que tiene un concierto en 137 de sus 365 plazas. Por ello, la Consejería de Familia y Políticas Sociales, a través de su Secretaría General Técnica, abrió ayer un expediente contra Isidora, por falta muy grave. El Gobierno regional ha solicitado la suspensión de funciones durante cinco años, así como una multa al centro de 600.000 euros, cinco veces la mayor impuesta a un geriátrico (120.000). Sin embargo, ambos castigos estarán supeditados a la resolución judicial sobre el caso. Cabe recordar que fue el hijo de una de las ancianas, de 83 años y con alzhéimer, el que instaló una cámara oculta en la habitación y grabó los insultos, vejaciones y agresiones a las que fueron sometidas ella y su compañera de cuarto por tres empleados. El caso está en la Fiscalía, que ha remitido la denuncia a los jueces.

Esta ocultación de quejas fue descubierta ayer por la mañana cuando, tras saltar la noticia de lo que estaba pasando en Los Nogales, técnicos regionales se personaron en la residencia. Además, se ha abierto otro expediente administrativo por falta muy grave por parte de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Mayor, con una multa de 78.622,86 euros;este sí se hará efectivo a partir de hoy, por «desatención y deficiencias en la prestación del servicio que provoquen una situación de peligro, grave o incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios». «No vamos a mostrar ningún signo de tibieza ante unos hechos que a todos nos han sobrecogido», indicaron desde la Consejería, a raíz de las imágenes del presunto maltrato difundidas ayer por ABC.

A lo largo de 2018, el Gobierno regional giró 4.126 inspecciones a residencias de mayores (debe hacer, por ley, una obligatoria anual, aunque se realizan dos), de las que salieron 41 sanciones.

Denuncia de 120 parientes

Además, ayer se supo que en abril de 2018, un mes antes de la grabación que desencadenó el escándalo, un conjunto de 120 familiares de residentes presentaron una queja ante la empresa y la Comunidad por «trato inhumano» contra los ancianos. Entre otras cosas, afirmaban que la calidad de la comida no era buena, desnutrición, que había abuelos manchados de orines, escasez de personal y que faltaban pañales. Fuentes de la Consejería de Familia explicaron ayer a este periódico que recibió esta queja el 17 de abril «e inmediatamente se pidió un informe al Centro Los Nogales». El 9 de mayo, los inspectores se presentaron en el centro y «concluyeron que las denuncias no se correspondían con la situación»: «Eran temas relacionados con alimentación e higiene, en ningún caso malos tratos. Además de la inspección de la Dirección General, la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA) realizó dos inspecciones sobre esta residencia, una el 15 marzo (nocturna) y otra el 22 de agosto (inspección ordinaria). En el mes de agosto desde la Dirección General se le dio respuesta».

Cuando el hijo de una de las mujeres maltratadas, Francisco Polonio, tomó la decisión de colocar una cámara en la habitación donde estaba alojada su madre, enferma de alzhéimer, la sospecha de lo que allí dentro ocurría era más que evidente. Así se desprende de la denuncia presentada en 2016 por el propio familiar afectado –archivada por un juez al no apreciar indicios de maltrato– y el escrito anteriormente mencionado, firmado entre otros familiares por el mismo Francisco. Las irregularidades expuestas, sin embargo, fueron desestimadas por los servicios sociales, que no encontraron evidencia alguna en la inspección técnica realizada al respecto.

Antes de llevar a cabo la instalación de la videocámara, Francisco entregó a la dirección del centro varias reclamaciones en las que adjuntaba fotografías de los moratones que sufría su progenitora. Pero la respuesta siempre aludía a que la causante de los mismos era la propia residente. Explicaciones que no convencieron al denunciante. Si en 2016 obtuvo un vídeo en el que «aparecía una trabajadora dando azotes» a su madre –la prueba desestimada por un juez y «silenciada» por los responsables de la residencia–, no fue hasta mayo de 2018 cuando logró captar los malos tratos físicos y psicológicos que Mónica M. P., Bryan N. C. y María Josefa T. L., propinaron contra ella y la compañera que tenía en la habitación.

Dos meses después de producirse esta situación, la madre de Francisco fallecía a consecuencia de «un síncope», según le explicaron en el centro. Tras conocerse los lamentables hechos, el delegado sindical del centro aseguró ayer a algunos familiares que «la culpa era del departamento de recursos humanos por no haber hecho una selección adecuada a la hora de contratar». Añadió también que no hay que poner en el punto de mira a toda la plantilla por «tres garbanzos negros». Los trabajadores, por su parte, se mostraron atónitos y advirtieron de que si hubieran sospechado de los tres cuidadores señalados, los habrían denunciado de inmediato.