El juez atribuye tres delitos a una diputada de Cifuentes por beneficiar a la trama Gürtel en 2007

Este tribunal es el competente para investigar a Aguado por su condición de aforada, una garantía que le corresponde por ser diputada regional. El TSJM tendrá que analizar los indicios expuestos por el juez en la exposición razonada que le ha enviado y decidir si la llama a declarar como imputada, la frontera que podría provocar su dimisión.

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha manifestado su respeto a «las decisiones judiciales», pero ha enfatizado que será el TSJM el que decida «si llama o no en concepto de investigada».

Hasta entonces no entraría en vigor el código ético firmado por los diputados de Cifuentes, expresó un portavoz del Grupo Popular, según informa Ep. Por una imputación por corrupción ya dimitió el antiguo diputado regional del PP Daniel Ortiz , acorralado por los indicios contra él en la trama Púnica, en una situación similar.

En su escrito, el juez argumenta que la diputada de Cifuentes intervino para adjudicar un contrato a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa «a sabiendas de su flagrante vulneración» de las normas administrativas. Según De la Mata, Aguado desempeñó un rol «esencial», como jefa de deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, para favorecer a la red corrupta, al avalar el fraccionamiento del contrato público en 7 facturas, una «argucia» que impidió a otras empresas competir por la adjudicación. El objetivo era asegurar su entrega a la Gürtel.

Una de los contratos investigados por los lazos de esta red corrupta en el municipio madrileño de Arganda del Rey es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.