La izquierda extiende su veto a la recogida de sangre por Cruz Roja en Madrid

Los cinco municipios «insurrectos» han aprobado estas medidas unilaterales como «medida de presión» contra el convenio que la Comunidad firmó en 2013 con Cruz Roja, en virtud del cual se compensaba económicamente a la organización sin ánimo de lucro, a razón de 67 euros por bolsa recogida. Sanidad les cedió sus unidades móviles para la extracción en la calle y, a cambio, la ONG renunciaba a seguir procesando y redistribuyendo. De esta forma, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid se convirtió en el único encargado de unificar las donaciones, tanto hospitalarias como extrahospitalarias.

Esta reordenación de la gestión de la sangre en la Comunidad de Madrid se produjo en plenas «mareas blancas», que se levantaron contra el proceso privatizador de la Sanidad Pública madrileña de la etapa anterior. Y entendieron que el convenio con Cruz Roja también «privatizaba» las donaciones de sangre. Como adelantó ABC, desde finales de año el boicot, con su temido «efecto contagio», ha tomado forma, sobre todo en los ayuntamientos del Corredor del Henares.

La primera teniente de alcalde de Torres de la Alameda, Concha Umbría, ha defendido abiertamente el boicot. «Otros municipios han optado por aprobar el cobro de una tasa a Cruz Roja, pero nosotros consideramos que es más efectivo para que se rompa el convenio prohibir la cesión de espacio municipal», dijo a Efe tras aprobar el Pleno esta medida obstaculizadora . «No queremos que se mercadee con la sangre de este municipio ni de otros, que sea vendida a los hospitales», dice.

Hasta ahora, los autobuses de Cruz Roja visitaban la localidad una vez al mes y estacionaban en la plaza que acoge el mercadillo. Sin el citado servicio de extracción de sangre, la alternativa para los vecinos que deseen donar sangre es acudir a su hospital de referencia, el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.  

Desde entonces, una docena de empresas de mediano y gran tamaño ha renunciado a seguir colaborando con la ONG para las campañas de recogida, según confirman sus responsables. «Perder una sola bolsa nos parece una tragedia. Toda esta pelea nos repercute enormemente», sostiene Iñaki Aguirre , gerente del Centro de Sangre de Cruz Roja, que defiende el carácter altruista de un gesto, el de donación y recogida de sangre, que salva vidas. Y niega tajantemente la acusación de «mercantilización». «Es importante que exista sensibilidad, somos pioneros en la donación altruista. Cruz Roja tiene una definición de institución humanitaria de interés público desde 1864. No estamos para lucrarnos, no somos una empresa privada», asegura Aguirre. Al contrario, afirma que con las 18 salidas diarias de los autobuses y la movilización de sus trabajadores, la organización incurre en costes no cubiertos por los polémicos 67 euros. «En 2015 perdimos dinero».

Los responsables de Cruz Roja han contactado con los ayuntamientos para intentar deponer la batalla ideológica y convencerles «con argumentos». Sin éxito. Por suerte, apuntan, desde la Iglesia Católica se han ofrecido para cobijarles y cederles un espacio no público en los pueblos.