Empresarios hoteleros vaticinan el caos en cuatro años por los pisos turísticos

En la actualidad, según aseguró el presidente de la asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García Alonso, existen unas 5.000 viviendas turísticas registradas en la Comunidad, la mayor parte de ellas en la capital. Pero además, «hay otras 15.000 clandestinas », afirma este empresario, que defiende que estos pisos deberían necesitar de una licencia previa para ejercer una actividad que, dicen, está cada vez más lejos de la economía colaborativa.

De acuerdo con sus datos, en muchos casos, tras las viviendas turísticas se encuentran fondos de inversión que han descubierto un filón que les da « mucha rentabilidad y tiene muy bajo control». De hecho, creen en AEHM que existe una relación directa entre las viviendas turísticas y la burbuja inmobiliaria que está disparando los pisos de los alquileres en el centro de la ciudad.

García Alonso carga contra el decreto regional, «el más desregulador que existe», y se queja de la «falta de diálogo» con la Comunidad de Madrid , que hasta ahora, dice, ha ignorado todas las sugerencias realizadas durante el periodo de consulta pública del decreto: «En la memoria del borrador reconocen que se han presentado un enorme número de comentarios, “casi imposible de enumerar” », llegados de múltiples organismos y ciudadanos particulares, pero «no aprecian base legal suficiente» en ellos y por eso «no se ha tomado en consideración ninguno de ellos», reza la memoria.

A juicio de la asociación de hosteleros, «pareciera como si la consejería de Cultura, Turismo y Deportes tuviera proyectado de antemano el decreto que pretende implementar». Siguiendo ese argumento, insinúan que «el borrador está concebido fundamentalmente para favorecer la desregulación, en beneficio de ciertos intereses empresariales» que no quisieron concretar.

Desde el Gobierno regional, aseguraron ayer no tener aún constancia de las alegaciones presentadas en esta ocasión, que prometieron estudiar con todo interés.

Pero el presidente de los hoteleros vaticina un negro futuro para Madrid si no se regula convenientemente esta actividad. Le parece «discriminatorio» que a los hoteles «nos hagan cumplir 200 normas, y regulen hasta los tejidos que se utilizan en ellos», mientras que a los pisos turísticos sólo se les exija «tener agua fría y caliente y un extintor».

Los empresarios consideran necesario que esta actividad sólo pueda hacerse con licencia, tal y como la alcaldesa Manuela Carmena anunció que establecería en su regulación sobre el tema. En este sentido, consideran a la alcaldesa «más sensible al problema » de lo que les parece la presidenta Cifuentes, cuyo decreto rechazan de plano.

Piden que el alquiler de pisos turísticos se considere una actividad económica y tribute como tal. Y lo mismo debe ocurrir, insisten, con las plataformas dedicadas a intermediar en esta actividad, siguiendo la senda que ya ha iniciado Europa en el caso de UBER y el transporte.

Desde la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que dirige Jaime de los Santos, rechazan el calificativo de «normativa laxa». De hecho, destacan que en el decreto se fija por primera vez una ratio de alojados por metro cuadrado útil. Además, añaden que la norma nueva, a diferencia de la de 2014, limita el porcentaje de viviendas en uso turístico en un mismo edificio al 75 por ciento como máximo. Y en el caso de un único propietario, el porcentaje baja al 50 por ciento.

Defiende la Comunidad su decreto frente a la regulación propuesta por Carmena: si en el Ayuntamiento se planteaba pedir la licencia a quienes alquilen a partir de 90 días, «el Gobierno regional dice que desde el día 1 está regulado», afirma un portavoz de la consejería. En su caso, no mediante una licencia, sino con el registro de la vivienda, después de que un técnico certifique que cumple con la normativa.

Además, se le obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil, a tener unas condiciones mínimas -como ventilación, agua fría y caliente- y se considera por primera vez a las plataformas «on line» como empresa turísticas, abandonando el limbo legal en que permanecen hasta la fecha. Recuerdan también que se plantean sanciones de hasta 300.000 euros para quienes incumplan la normativa.

Según explicaban los responsables regionales el pasado 21 de diciembre, desde que se regula esta actividad -en 2014- se han abierto 259 expedientes por irregularidades, de los que sólo 6 han acabado en sanción.