Los «desprotegidos» de Peironcely, 10: «Si aguantamos aquí es porque no tenemos otra opción»

La icónica imagen que Robert Capa tomó en la puerta de la casa en 1936, con unos niños despreocupados jugando junto a las huellas de los disparos de la Guerra Civil , ha servido de argumento para que Urbanismo, empujado por la Fundación Anastasio de Gracia y el PSOE, haya protegido el edificio. Esta resolución, que implicará expropiar el inmueble a su dueño, tendrá que ser ratificada en el pleno del próximo martes y, después, deberá hacerlo la Comunidad.

Mientras que el Consistorio tramitó el blindaje con gran celeridad, el esperado apoyo de Equidad para buscarles una vivienda digna aún no ha llegado. «No tenemos queja de Urbanismo , que actuó con mucha rapidez, pero nos ha defraudado la respuesta y la inacción del Ayuntamiento para darles una alternativa habitacional, es muy duro vivir en estas condiciones», lamenta el portavoz de la Fundación, José María Uría, cuyo papel fue crucial para evitar el desahucio de la familia de Ljubica hace un año. «Tuvimos que elegir entre comer o el alquiler» , afirma la mujer, que ahora aguanta el tirón gracias a la Renta Mínima de Inserción. «Entendemos que los recursos son limitados, pero sólo pedimos a Equidad que, al menos, intermediara para evitar que se quedaran sin casa», añade Uría.

La delegada Marta Higueras descartó en octubre que existiera una «emergencia social» para los 21 adultos y 14 menores (más otro que nacerá en septiembre) que sobreviven en Peironcely, 10. La edil afirmó que sólo se tramitarían realojos si se producía la expropiación, un hecho que, por fin, está más cerca de producirse. «La emergencia social se aplica en casos de declaración de ruina de la vivienda y por pérdida inminente», argumentó. Sólo «si hubiera expropiación», el Ayuntamiento « abriría un expediente urbanístico y derivado de él se tramitarían por Equidad los expedientes correspondientes de realojo» , explicó.

Obligados por las circunstancias, todos ellos han acabado en estas casas conviviendo con el moho y los desconchones que genera la excesiva humedad que hay en el ambiente. «Tuvimos que poner una tabla delante del enchufe, para evitar que mi hija se electrocutase », cuenta Mihaela, señalando el estado del tabique del salón, donde ella duerme con la niña en una cama de 90 centímetros.

«¿Con lo que cobro de pensión, a dónde puedo ir?», se pregunta Juan Nolasco, el único jubilado del vecindario, que confía en que «pronto» salga su nombre el sorteo de viviendas de alquiler social. «Estos meses de frío son muy duros, no tenemos calefacción y la humedad en verano convierte esto en un horno», se queja este extremeño de 69 años.

Por la desesperación de verse en la calle, Cristina Uquillas llegó a estos pisos hace ahora cinco años. Vive con su madre y sus dos hijos, con los que comparte habitación. «Me paso casi todo el invierno enferma porque la casa no está impermeabilizada y salen goteras», dice, aún con la voz tomada. «En verano, por el calor, dejamos las puertas abiertas, salvo el pasado, que por un agujero de una alcantarilla que no se tapó bien aparecían ratas », cuenta. Uquillas tuvo que amenazar con denunciar al dueño para lograr que sellaran el hueco con cemento.

Pese al reducido tamaño de los pisos, compartir habitación es la solución para afrontar el alquiler. La enfermedad que paralizó el cuerpo de Neira Montero hace cuatro años le forzó a mudarse a este habitáculo, donde vive con un compañero de piso y su hermana. «Si estuviera sola, no sé qué sería de mí», expresa Montero, que ya no puede trabajar de auxiliar de enfermería y sobrevive con la pensión de discapacidad que le concedieron hace dos años.

Sus historias y su reivindicación será la que la edil socialista, Mar Espinar , exponga en el pleno. «El Ayuntamiento no puede permitir que sigan residiendo en esas condiciones, con humedades, expuestos a enfermedades y con problemas de todo tipo», afirma Espinar, que pedirá a Ahora Madrid que configure un plan para su «recolocación en viviendas dignas del Ayuntamiento».