Crimen de Meco: las claves para un asesinato sin resolver más de tres años después

Desde el inicio de la instrucción, y a falta de otras pruebas de peso, la comparativa del ADN hallado en el cuerpo y la ropa de Mimi ha sido el eje sobre el que ha pivotado la investigación para la juez.

Se encontraron restos biológicos de terceras personas en el lugar del crimen y en la víctima. Especial atención fue el ADN en la etiqueta de la sudadera de Míriam, que sí que coincidía con el de Sergio S. M., el primer investigado. Ambos vivían en la misma casa con Celia, novia de él y mejor amiga de la finada. Fue uno de los elementos que le llevó a prisión provisional entre agosto y diciembre de 2019. Pero su defensa esgrimió el siguiente argumento: al convivir, hacían la colada juntos los tres, por lo que era fácil que se produjera una transferencia de ADN de una prenda de Sergio sobre la de Mimi. Y quedó en libertad, aún como investigado, y con la obligación de personarse cada semana en el juzgado.

Una medida cautelar, la del ‘apud acta’ , que recientemente se moduló a una comparecencia semanal y que, desde este último auto de sobreseimiento provisional, queda sin efecto. Tanto para él como para el otro imputado, aunque este segundo, Alberto, se encontraba ya en la cárcel por otro asunto.

El auto de sobreseimiento, fechado el 27 de abril, especifica que «no existen motivos suficientes para atribuir [el crimen] a persona determinada, ni continuar» con las dos imputaciones. ¿Por qué se ha llegado a este punto ahora mismo? Pues, entre otras cosas, porque el informe policial sobre Alberto , el reo toxicómano que coincidió con Sergio en prisión, llegó a manos de la juez un año después de esa ‘confesión’ del crimen (que hizo a sus terapeutas en la Navidad de 2020); y que la magistrada, al conocerlo, pidió que se le tomaran pruebas genéticas y posteriormente se le interrogara.

La Guardia Civil acudió a ello a la cárcel de Alcalá Meco hace unos meses; Alberto se negó entonces a hablar y a que le tomaran voluntariamente el ADN, que hubo que hacerlo por vía judicial. A raíz del reciente informe del laboratorio, que «el perfil genético no es coincidente con los perfiles genéticos» recopilados en la causa.

Entonces, se ha desechado la opción de interrogarlo en sede judicial, como estaba previsto en un primer momento y adelantó ABC. Y de ahí el sobreseimiento provisional de la causa sobre el crimen de Meco.

Bien es verdad que tanto a Sergio como Alberto, a la supuesta hora del crimen (entre las 20:40 y las 20:50 del 16 de enero de 2019) los posicionamientos de sus teléfonos móviles los sitúan muy cerca. Pero también que tanto los repetidores de Azuqueca de Henares (donde residía entonces Alberto) como el de Meco (lugar del crimen) y el de Villanueva de la Torre (vivienda de Celia, Mimi y Alberto) están muy próximos. No se trata, por lo tanto, de indicios de peso, y menos cuando no se pueden sustentar por otros de mayor entidad. De ahí la importancia del ADN que refutara esas sospechas.

Esta es la pista que puede retomarse a partir del sobreseimiento provisional. Porque, según aseguran fuentes jurídicas, la autopsia determinó que las 89 puñaladas que acabaron con la joven Míriam Vallejo fueron realizadas con dos armas distintas: una tipo punzón o destornillados y otra más ancha, como un machete. Ninguna de ellas ha sido hallada.

Esto, además, situaría en primer plano la hipótesis del doble criminal. Resulta muy complicado entender que una misma persona infligiera en tan poco tiempo una cantidad elevadísima de lesiones, además con dos armas distintas.

La familia de Míriam tiene previsto, a través de su letrado, recurrir ante la Audiencia Provincial el auto de sobreseimiento provisional. Quieren que se siga investigando a estas dos personas, especialmente a Sergio, algo lógico porque solo la detención del culpable o culpables de los hechos puede darles cierto alivio en tanta tragedia.

De cualquier modo, el auto del 27 de abril no supone el cierre definitivo de la causa. Y eso que el 28 de enero expiró la última prórroga de la instrucción, sin que ninguna de las partes (acusación particular, defensa y Fiscalía) pidieran que se alargara, al tratarse de una causa compleja.

Así pues, a efectos de una posible prescripción, aún quedan más de 16 años y medio de plazo para dar luz definitiva a un caso enquistado al que quizá una confesión real diera fin.