Edificio usurpado por los okupas de La Dragona en el cementerio de La Almudena
Edificio usurpado por los okupas de La Dragona en el cementerio de La Almudena - ISABEL PERMUY

Carmena cambia su política contra los okupas y ahora denuncia a los antisistema de La Almudena

La alcaldesa recurre a la Justicia para echar del cementerio a los usurpadores que se hacen llamar La Dragona

Madrid Actualizado: Guardar
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Los okupas antisistema, de corte anarquista, afincados desde 2008 en uno de los edificios de entrada al Cementerio de La Almudena ya no cuentan con la protección de Carlos Sánchez Mato (Izquierda Unida) para alargar su estancia ilegal. A siete meses de las elecciones, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cada vez da más la espalda al sector radical de Ahora Madrid e impone la cordura en la ciudad. El pasado 11 de octubre firmó en Junta de Gobierno pedir autorización judicial para entrar y recuperar el inmueble usurpado.

El Área de Economía y Hacienda, que desde hace casi un año dirige Jorge García Castaño, confirmó ayer la noticia adelantada por Ok Diario. Fue a solicitud de este concejal (que pasó de IU a Podemos en 2015), como máximo responsable de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento, como se determinó el acuerdo municipal. Hasta ahora, el equipo de Gobierno había concedido un trato de favor a estos moradores. Sánchez Mato era partidario de ejercer únicamente presión administrativa y no recurrir a la denuncia, así que los delincuentes mantenían su atrincheramiento frente al teatrillo institucional.

Rechazaron la alternativa legal

En 2016, el edil defenestrado de Economía y Hacienda por la regidora ofreció a los okupas de La Almudena la posibilidad de que se constituyeran como asociación vecinal o social y, de este modo, se podían quedar con el edificio para gestionarlo, una vía permitida ya por ordenanza municipal. Pero los antisistema de La Elipa se opusieron. Preferían retar al sistema.

La directora general de Patrimonio puso fecha al desahucio ese mismo año: el 23 de noviembre. Pero los de La Dragona montaron una barricada con neumáticos a los que habían prendido fuego en la avenida de Daroca, 90. No dudaron en lanzar objetos a los policías cuando irrumpieron en el lugar. Se detuvo a cuatro individuos y continuaron invadiendo este espacio de titularidad municipal.

Un año más tarde, el 6 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento remitió la orden de desalojo voluntario. Los inquilinos volvieron a burlarse. De hecho, el día del supuesto lanzamiento les esperaron de nuevo con actitud violenta. Ni los agentes ni los técnicos municipales pudieron acercarse para entregarles el documento. Eran irreductibles y el Consistorio que dirige Ahora Madrid lo permitía, pese a que Carmena mantenía en público que no se podía «tener un Madrid tercermundista de okupas».

Okupas de primera

El Ayuntamiento actual hace distinciones entre okupas de primera y de segunda clase. En mayo de 2017, los moradores del Patio Maravillas se hicieron con el edificio municipal de la calle del Gobernador, 39, esquina con el paseo del Prado. Se rebautizaron como La Ingobernable y, desde entonces, desde el Palacio de Cibeles hacen la vista gorda para no molestarles.

Esta invasión okupa ha sido la excusa perfecta para tumbar el convenio que firmó Ana Botella –a pocos días de terminar su mandato en 2015– para convertir el inmueble (de forma gratuita y por 75 años)en un centro de arquitectura y urbanismo a través de la Fundación Ambasz, acuerdo que han dinamitado a golpe de indemnización millonaria.

La Ingobernable cuenta con la simpatía de una amplia mayoría de los concejales de Carmena, ya que Celia Mayer, Guillermo Zapata, Javier Barbero, Pablo Carmona y Rommy Arce fueron activistas del Patio Maravillas. El propio García Castaño reconocía en 2015 la gran labor de este colectivo.

En noviembre de 2017, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento advirtió a Sánchez Mato, como adelantó ABC, de que si no actuaba contra los okupas de La Ingobernable podía ser inhabilitado. Hizo caso omiso. En cualquier caso, a la Administración le ampara la ley y la jurisprudencia ante un caso de usurpación de un inmueble. El artículo 82 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local establece que se puede recuperar «en cualquier momento cuando se trate de los [bienes] de dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales».