Ayuso blindará por ley la educación especial y la concertada en Madrid

Díaz Ayuso va a impulsar un proyecto de ley que garantice la existencia de plazas suficientes en concertada y educación especial, teniendo en cuenta el criterio de demanda social –es decir, las peticiones de los padres–. Precisamente, recuerdan en el Ejecutivo autonómico, esta demanda social es uno de los criterios que pretende eliminar la Ley Celaá.

La presidenta madrileña volverá a convertirse hoy en la guardiana de las esencias del PP, al defender la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos , algo que bajo su criterio está «seriamente amenazado por la izquierda». En la Comunidad Madrileña, recuerdan en su gabinete, este curso el 94 por ciento de las familias han obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción.

La Educación es uno de los terrenos en los que el Gobierno regional madrileño mantiene una batalla (ideológica) sin cuartel con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La escaramuza de hoy refuerza la posición de Madrid como rompeolas contra el que chocan muchas de las iniciativas y cambios que quiere introducir Moncloa.

El proyecto de ley madrileño garantizará que en educación concertada y en especial existan las plazas suficientes para cubrir la demanda en los niveles gratuitos por ley. Y también asegura que existan las consignaciones presupuestarias necesarias.

Por lo que se refiere a la escuela concertada, la Ley Celaá se ha enfrentado a la oposición de muchos padres , que entienden que elimina el criterio de demanda social para la elección de los centros. El proyecto de ley que impulsa Díaz Ayuso blindaría su derecho a seleccionar un centro público o concertado, según su propia decisión.

En cuanto a la educación especial, en la nueva ley autonómica se la apoyará como la modalidad de escolarización que «ofrece adaptaciones del currículo escolar y recursos adaptados a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad», ya que el Ejecutivo regional entiende que «la izquierda quiere acabar» con ella.

Por eso, en el ordenamiento de la Comunidad de Madrid, se regulará la situación de estos alumnos partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Cuando los alumnos «manifiesten necesidades educativas especiales que no puedan ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial».

Esta es una de las banderas que va a defender este lunes Díaz Ayuso desde la tribuna de la Asamblea madrileña: la protección del derecho de los padres a elegir la Educación de sus hijos , sea esta pública, privada o concertada, es, afirman en el equipo de la presidenta, «una de las señas de identidad de la Comunidad» y una libertad «que está hoy seriamente amenazada por distintas fuerzas políticas», y por las «insinuaciones» del Gobierno Central que «ponen en entredicho la indiscutible aportación» del modelo concertado para «la educación en España y en Madrid, donde convive y se complementa perfectamente con la red pública».

En el presente curso escolar, el 29,6 por ciento de los alumnos están matriculados en centros concertados, el 54,5 por ciento en públicos y el 15,9 por ciento en privados. Desde el curso 2015/16, el número de alumnos que ha optado por la concertada ha crecido un 5 por ciento en Madrid.

El Gobierno regional, por otra parte, estuvo ayer limando los flecos de su Plan para la Atención Primaria hasta el último momento: los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , y Hacienda, J avier Fernández-Lasquetty, cuadraban números bien entrada la tarde del domingo para que la presidenta Díaz Ayuso pudiera presentar hoy, durante el Debate del estado de la Región, un proyecto que consiga contentar a un sector, el sanitario, terriblemente machacado por la crisis del Covid-19 y que amenazaba con reventar a partir de esta semana con una sucesión de protestas, concentraciones y huelgas. Concretamente, se esperan movilizaciones a partir del martes 15, y un paro indefinido de médicos de Atención Primaria desde el 28 de septiembre.

«Habrá noticias que seguro que van a ser bienvenidas», adelantaba ayer la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo . En el mismo sentido se han reproducido los mensajes en las últimas 72 horas, con ese mismo objetivo: calmar los ánimos de enfermeras, médicos y demás personal de hospitales y Atención Primaria.

Precisamente este último nivel asistencial es el que está soportando, desde el final de la primera ola de contagios, todo el peso del control, vigilancia y seguimiento de casos anteriores y nuevos. Sus sindicatos hablan de «abandono y desprecio a los profesionales», y han manifestado que se sienten agotados, desmotivados y olvidados por la Administración, que según denuncian no ha cumplido las promesas de refuerzos de personal pese al notable incremento de la presión asistencial en el último mes y medio.

Entre las medidas del plan que hoy va a hacer público Díaz Ayuso, habrá algunas relativas a la mejora de la organización de los centros de salud, pero también otras que son de tipo estructural , y otras presupuestarias y directamente relacionadas con las retribuciones del personal sanitario.

Carballedo concretaba ayer que el plan diseñado contempla un refuerzo en la Atención Primaria y en otros niveles sanitarios. Ytambién un incremento de las contrataciones, además de la construcción del nuevo Hospital de Emergencias, el Isabel Zendal, que se levanta ya en Valdebebas y cuya construcción finalizará este mismo otoño.

La consejera se dirigió a los convocantes de las protestas y les pidió «responsabilidad», dado el momento que se vive. Abogó por seguir la senda del diálogo, que tan buen resultado dio en el conflicto con los Médicos Internos Residentes (MIR), con los que se encontró una salida válida para todas las partes este verano. «Hay propuestas sólidas, muy reflexionadas y muy pegadas a la situación que tenemos y que queremos tener», recalcó. Del calado de los anuncios que hoy haga la presidenta Díaz Ayuso dependerá que se pacifique el sector.