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La Xunta celebra la demanda por los bienes de Meirás: «Es un paso que llevamos tiempo demandando»
medio millar de pertenencias
La reclamación del Estado afecta a una gran parte de los bienes muebles que se encuentran dentro de esta histórica edificación, más de 500
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Iniciar sesiónLa demanda interpuesta por el Estado contra la familia Franco reclamando la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás no ha pasado desapercibida entre la clase política gallega. Unas horas después del anuncio, el titular de Cultura gallego, Román Rodríguez, rompió el hielo ... indicando que «este es un paso que llevamos mucho tiempo demandando desde la Xunta, que tenía que dar el Gobierno y que acredita de nuevo que el único camino para garantizar la propiedad de los bienes es a través de la vía judicial». Eso sí, el conselleiro reprochó al Estado que la Administración autonómica haya conocido la noticia de la reclamación de los bienes por los medios de comunicación. «Se espera contar con información directa por parte del Gobierno central para mantener la unidad de acción que hemos mantenido hasta ahora», aconsejó ante la falta de comunicación demostrada esta semana.
En sintonía con las palabras del conselleiro, el presidente de la Xunta celebró también el movimiento para impedir que los Franco se quedasen con los bienes que forman parte de esta larga nómina, y entre los que se incluyen bienes de Patrimonio Nacional; bienes del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado. Para Alfonso Rueda, la cuestión está clara. Es una edificación, el pazo, que la sociedad tiene «obligación de preservar, con toda la historia que tiene allí».«La Xunta apoya esta decisión, igual que hasta ahora ha venido apoyando otras anteriores», manifestó ayer Rueda para remarcar que los éxitos vienen de «una colaboración muy estrecha» entre los servicios jurídicos de la Xunta y la Abogacía del Estado.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió al hilo de la sonada demanda en que para la formación nacionalista «todos los bienes que hay en el pazo forman parte de los bienes públicos». Ahondando en el debate judicial que se abre, Pontón añadió que «el Gobierno debe actuar con celeridad». Y añadió, aprovechando la coyuntura, que el «expolio» no fue solo en el Pazo de Meirás, «sino también en la Casa Cornide». Por ello, la nacionalista instó al Ayuntamiento coruñés a presentar «cuando antes» la demanda judicial para reclamar su devolución al patrimonio público. Al respecto, recordó que existe un acuerdo plenario en el consistorio coruñés para que se interponga esa demanda. «Que no le haga ganar más tiempo a los Franco», criticó Pontón.
La celebrada demanda para mantener en Meirás los más de medio millar de bienes en juego se presentó después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña retirar todos los elementos depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento. En concreto, la Abogacía del Estado presentó ante los juzgados de Madrid una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre una gran parte de los bienes muebles que se encuentran dentro de esta histórica edificación. En su alegación, consideran que «forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y también artístico, vinculado, por una parte, a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, y por otra, a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista».
Los bienes que se reclaman ahora no fueron expresamente incluidos en la demanda sobre la propiedad del Pazo de Meirás «porque la negativa de los herederos de Franco a permitir la entrada —en el inmueble— incluso a los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, impedía conocer qué bienes se encontraban dentro del pazo, así como sus orígenes, características y condiciones, elementos esenciales para poder justificar la propiedad del Estado», se les afeó en la demanda. De ahí, anotan, la importancia de la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña que «permitió conocer los bienes, inventariarlos y justificar técnicamente su pertenencia al patrimonio público».
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