Galicia y Aragón se unen contra las cesiones al independentismo catalán

El documento firmado, como explicó el presidente aragonés, Jorge Azcón, reafirma la plena vigencia de la Declaración de Santiago, firmado en 2021 por Cantabria, el Principado de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, además de Aragón y Galicia. En aquel entonces, ni él ni el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ocupaban todavía sus cargos, pero su contenido, aseveró, sigue estando «vigente». No se trata solo de que, tras cuatro años, no haya habido avances, indicó, sino de que, en este tiempo, España ha sido testigo de «graves concesiones que dinamitan los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, recogidos en la Constitución». «Sin lugar a dudas, la mal llamada condonación de deuda catalana y la financiación privilegiada de Cataluña constituyen agravios sin precedentes para el resto de comunidades autónomas en materia de financiación autonómica«, lamentó al respecto, aclarando, eso sí, que »la deuda no se perdona, se reparte«: »En Cataluña lo que quieren es que los aragoneses paguemos la deuda que han generado los independentistas«, aseveró.

Acto seguido tomó la palabra su homólogo gallego, que, en la misma línea, recordó que en 2021 las comunidades que firmaron la Declaración de Santiago pedían «algo tan sencillo como que lo que es de todos, se reparta entre todos», algo que, en su caso, no ha cambiado y que ayer puso de manifiesto con su rúbrica. «No nos vale que se hable singularmente con ninguna comunidad autónoma» ni repartir la deuda entre todos para «solucionar los problemas de gestión económica» de unos pocos, aseveró al respecto. Esto, dijo, sería «un negocio ruinoso para Galicia, para Aragón, y para la inmensa mayoría de las comunidades autónomas».

El documento firmado por ambos líderes autonómicos reitera, además, la exigencia de que esta cuestión sea debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que se haga «de forma global» y no «a través de propuestas parciales o quitas puntuales». Algo que suscribió Rueda, que criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantease en la Conferencia de Presidentes de diciembre la celebración del CPFF para «hablar de condonación y no hablar de financiación autonómica, que es lo que realmente nos interesa». Continuar atrasando 'sine die' el debate sobre esta cuestión, dijo, es «algo que no podemos aceptar».

Ambos presidentes destacaron, además, que, para que el sistema de financiación autonómica sea justo, este deberá ponderar de forma adecuada el coste real de la prestación de los servicios en cada autonomía. Las comunidades autónomas, como destacó el titular del gobierno aragonés, tienen «las competencias más costosas [...] y el coste real de los servicios tiene que tener en cuenta factores tan importantes como son la dispersión, la orografía, el envejecimiento o la despoblación«, características que tienen ambas regiones. Galicia, por ejemplo, destacó Rueda, concentra la mitad de los núcleos de población de todo España, una dispersión poblacional que «lógicamente» encarece hacer llegar todo tipo de prestaciones. «Necesitamos que la prestación efectiva de los servicios tenga la financiación necesaria. Esto hay que hablarlo en una mesa donde estemos todos con el Gobierno central y no nos vale que se hable singularmente con ninguna comunidad autónoma», aseveró. Esta es, dijo, una «necesidad ineludible, una condición indispensable».

Ahora, se dirigirán a las otras seis comunidades firmantes de la Declaración de Santiago –que, junto con Galicia y Aragón, representaban en 2021 el 64% del territorio y el 24% de la población del país– para intentar, «con la misma filosofía», actualizar su contenido. «Lo que queremos que refleje es que no hay privilegios sin que se reforme el sistema de financiación. Esto no consiste en los cambios que le interesan solo a uno, debe debatirse entre todos», reiteró Azcón. Unas palabras que completó Rueda, lamentando no poder decir que, a día de hoy, lo que reclamaban desde la capital gallega hace cuatro años ya está solucionado y que la declaración ya no es necesaria. En cambio, «es más necesaria que nunca», aseguró.