en pleno verano
Fuga de visitantes a otras comunidades por el cerco de Santiago a los pisos turísticos
propietarios vs ayuntamiento
Las asociaciones de VUT denuncian que muchos viajeros están cambiando de destino, a otras comunidades, por los cierres a los que el concello obliga. Se quejan de que en la ciudad operan más de una decena de hoteles sin licencia. Raxoi defiende que «busca preservar la identidad de la ciudad»
Los dueños denuncian un «acoso» por parte del concello y denuncian que los han obligado a anular 40.000 reservas en cuestión de un mes
Galicia
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Iniciar sesiónLa clausura en cascada de cientos de pisos turísticos que operaban en la capital gallega, la mayor parte de ellos localizados en la zona monumental, está traspasando las fronteras gallegas. Con más de 40.000 reservas anuladas en cuestión de un mes por ... los cierres a los que el concello está obligando a aquellos negocios que carecen de la licencia municipal -solo 36 de 900 la tienen-, las asociaciones de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) empiezan a percibir las consecuencias. Y ya no es solo que muchos visitantes que en próximas fechas habían previsto viajar a la capital gallega se estén echando para atrás, comentan, es que «nos está llamando mucha gente para preguntar qué pasa aquí y se están yendo a otras partes de España, a otras comunidades, porque no les sirve irse a un concello limítrofe. Si no se pueden quedar en un piso en Santiago, ya no vienen a Galicia y prefieren cambiar de destino», lamenta la portavoz de Aviturga, Dulcinea Aguín, en declaraciones a este medio, ayer.
El conflicto entre los dueños de las viviendas turísticas (VUT) y el ayuntamiento liderado por el socialista Xosé Sánchez Bugallo se recrudeció a comienzos del verano cuando los propietarios empezaron a recibir multas de hasta 15.000 euros por tener abiertos sus negocios y el concello envió a agentes de la Policía Local a personarse en algunos de estos inmuebles. Raxoi argumenta que sin licencia no es posible operar, pero los afectados insisten en que ellos están dados de alta en el registro VUT de la Xunta y que no necesitan otro tipo de permiso. Además, explican desde Aviturga ante el cariz que están tomando los acontecimientos, adoptar estas medidas a estas alturas del año solo consigue «dañar la imagen de la ciudad y de toda Galicia» como destino turístico, porque «están amargando las vacaciones» de muchos viajeros que «nos habían elegido». Los dueños se quejan de que la capital es la única localidad gallega que pone problemas a este modelo de negocio y ya han pedido una reunión urgente con el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, para «ver si pone orden en su partido». Buscan conocer las motivaciones detrás de una decisión que no entienden, a sabiendas de que «muchas asociaciones de comerciantes y de otro tipo nos están llamando para apoyarnos, porque ellos también se benefician de los visitantes que se alojan en nuestras viviendas» explica Aguín a ABC.
Con las posturas enfrentadas en pleno Xacobeo, los dueños de VUTs lanzaron ayer un comunicado dirigido al ayuntamiento de la ciudad explicando que «aunque el concello acabe cerrando estas viviendas, los problemas de alquiler en Santiago seguirán siendo los mismos que hay ahora mismo, porque una parte tan pequeña de VUTs no es el problema ni puede, por tanto, formar parte de la solución». A esta idea se suma otra queja que parte de Aviturga y que señala que en la ciudad operan más de una decena de hoteles sin permiso. Una realidad, asumen, ante la que el concello «no está haciendo nada». Desde Raxoi, por su parte, siguen trabajando en la modificación del Plan Xeral de Ordenamento Municipal (PXOM) que se expondrá en un pleno extraordinario a comienzos de septiembre y que persigue ordenar este tipo de establecimientos. La idea es prohibir las VUT en toda la almendra de la ciudad -la más demandada por los visitantes- y limitar su apertura a bajos y primeros en el Ensanche. Como contrapartida para los afectados, planean permitir la apertura de pisos vacacionales en la zona vieja durante dos meses al año. El gobierno compostelano defendió en una rueda de prensa que estas viviendas «son una actividad económica» y por lo tanto «deben cumplir las mismas reglas que el resto de actividades del sector turístico».
Para la alcaldesa en funciones, Mercedes Rosón, el objetivo de este enfrentamiento es «preservar la identidad de nuestra ciudad y de nuestros barrios». La también concejal de Urbanismo manifestó que «estamos siendo muy exigentes en el cumplimiento de la normativa, igual que lo somos con cualquier otra actividad» y añadió que «nosotros no prohibimos las viviendas turísticas porque son un fenómeno global que tiene que existir en las ciudades. Pero tenemos la obligación en una ciudad tan importante y delicada de regularlas», argumenta Rosón.
Dos meses después de que el cerco a este tipo de alojamientos se estrechase -todas las sanciones económicas, de 10.000 a 15.000 euros, siguen recurridas- las plataformas apenas recogen una veintena de apartamentos en la ciudad en alquiler. El resto de propietarios, hasta los 900, optaron por eliminar sus anuncios de las web ante un escenario incierto que les está generando un importante perjuicio económico, se quejan, al tener que costear de su bolsillo el realojamiento de los huéspedes que habían reservado su vivienda para su estancia en Compostela. La incertidumbre para unos y para otros, afean, es total, por lo que piden un «estudio riguroso» que mida el impacto de este tipo de establecimientos en la urbe para llegar a una solución que satisfaga a ambas partes y devuelva la paz a la ciudad monumental.
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