Crece la criminalidad en las urbes gallegas: hay más robos y más violaciones
Los sindicatos policiales, que llevan tiempo avisando de la situación, reclaman más agentes en las calles
La Coruña es ya la ciudad más peligrosa de Galicia y una de las españolas más inseguras, según los últimos datos
SANTIAGO
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Iniciar sesiónla nueva normalidad tiene una lectura negativa. Al menos así lo denuncian los principales sindicatos policiales, que llevan meses alertando del aumento progresivo en el número de delitos que se cometen en la Comunidad gallega al cabo del año, con especial incidencia en el caso ... de las ciudades. El ejemplo más llamativo es el de La Coruña, que ha pasado de ser una de las urbes del entorno de los 250.000 habitantes más seguras de todo el país liderar el ránking de las más peligrosas. Los motivos de este empeoramiento en su seguridad hay que buscarlos, inciden los cuerpos policiales, en un cambio de escenario vinculado a la postpandemia que no llevó aparejado un incremento de los efectivos. Para Roberto González, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, la radiografía está clara. «Con la nueva normalidad se ha incrementado el número de drogodependientes y de consumo de estupefacientes. Hay más personas viviendo en las calles, más desarraigo social, y esto está vinculado en muchos casos a la delincuencia que estamos sufriendo».
Los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior le dan la razón. En el caso de la ciudad herculina, la media de delitos al día se disparó hasta los 36 y las infracciones penales entre enero y septiembre de 2022 escalaron hasta las 9.817, lo que supone casi un 13 por ciento más que en el mismo período del año anterior. La estampa, alarmante para agentes y ciudadanos, no es mucho mejor en otras ciudades como Vigo, donde el dato de infracciones no baja de las 9.600. Por detrás en la lista están Santiago (3.504), Orense (3.389), Lugo (2.674), Pontevedra (2.370) y Ferrol (2.358). Esta realidad, remarcan los efectivos que cada día trabajan a pie de calle, es palpable en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, a las que «no dejan de llegar ciudadanos para poner en conocimiento que han sufrido algún hecho delictivo». Inquietante es también el caso de la capital gallega, una ciudad tradicionalmente segura en la que durante los nueve primeros meses del 2022 los índices de delincuencia se desbocaron, sobre todo en lo relacionado a delitos de drogas y robos de vehículos. Este último capítulo anotó una subida del 180 por ciento, con más de una veintena de denuncias en los primeros meses. Además, y atendiendo a los datos del Ministerio competente, Santiago se convirtió en epicentro de 21 operativos vinculados con el tráfico de drogas, lo que supone un 91 por ciento más que en 2021. Lo mismo ocurre con los delitos de índole sexual, entre los que crecen las agresiones con penetración. En la misma línea, Lugo apunta un crecimiento notable de los delitos sexuales del 150 por ciento en solo un año. Y como acontece en Santiago, son las agresiones sexuales de carácter más grave las que más crecen. En concreto, el doble que en el mismo período del año anterior. Las riñas en la calle y las peleas son otro de los caballos de batalla con el que los agentes deben lidiar día sí, día también, en las principales poblaciones. Asuntos, en los que lamentan, se hace palpable la falta de recursos humanos. «Al final, detrás del 90 por ciento de los delitos, excluyendo los ciberdelitos, se encuentran las adicciones. Lo que se necesita es una mayor prevención, que los servicios sociales funcionen de forma adecuada y que cuando se lleva a cabo el delito haya efectivos suficientes para llevar a cabo las labores de investigación. Pedimos que se fortalezcan las unidades de 24 horas y que cuando llegue el aviso al 091 se pongan las dotaciones necesarias. Al final cuando hay una pelea por la noche en la que hay implicadas varias personas, gente alterada, gente nerviosa, gente con objetos contundentes, con vasos... No puede acudir solo una patrulla, sino varias con medios adecuados, y eso no está sucediendo«, reprochan desde el SUP.
Sus quejas conectan con las denuncias de hosteleros y vecinos por los botellones, que aún estando prohibidos por ley son frecuentes en las calles cuando se aproxima el fin de semana. Y también empalman con el crecimiento de las lesiones y las agresiones, que junto con los hurtos son unos de los sucesos más frecuentes. En el caso de Orense, con los peores datos de infracciones penales de los últimos siete años, las reyertas nocturnas pusieron en jaque a los agentes este verano, que alertaron de que había grupos que «salían de fiesta armados con cuchillos y navajas». Con el fin de las restricciones pandémicas y la vuelta de la plena libertad de movimiento, los vecinos de muchos barrios también han comprobado cómo el mapa negro de la okupación se expande sin control. En La Coruña las quejas son continuas, no solo por el uso de la vivienda en sí sino porque en muchas ocasiones estos espacios se convierten en 'narcopisos' que llevan más inseguridad y problemas al barrio. Pero el conflicto no se circunscribe solamente a la ciudad herculina. Las federaciones inmobiliarias localizaron 'zonas calientes' en todas las ciudades, y también en núcleos de población menores —muchos de ellos costeros— en los que el fenómeno empieza a emerger ante la incredulidad de los ciudadanos.
El reto: la ciberdelincuencia
Otro de los delitos más comunes, tanto de día como de noche, son las sustracciones de tarjetas o de teléfonos móviles, sobre todo en el caso de los de alta gama. Un blanco fácil que acumula miles de denuncias al cabo del año. Su aumento va ligado al de la ciberdelincuencia, uno de los grandes retos de los efectivos policiales. Según datos de la Fiscalía, el pasado año este tipo de delitos se dispararon en Galicia en un 200 por ciento y parece que la estadística no tiene marcha atrás. Para plantar cara frente a los viejos y los nuevos modos de delinquir, los sindicatos policiales exigen una actualización del catálogo de puestos de trabajo de las comisarías, que data del 2007 y consideran obsoleto frente a la nueva realidad de las calles. Además, exigen un aumento de las plazas en el concurso de traslados. Medidas con las que reforzar las plantillas ante un escenario cambiante en el que la seguridad ciudadana está en el centro del debate.
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