Alertan de un repunte de criminalidad vinculado a la llegada del AVE a Galicia

A 'grosso modo', en Galicia faltan unos 320 agentes para cumplir el catálogo de puestos por comisaría fijado por la propia Policía Nacional. Son los mínimos necesarios para que en las ciudades puedan cubrirse las necesidades básicas de los ciudadanos, insisten desde el SUP, aunque para estabilizar la situación lo ideal sería aumentar los medios humanos en un 10 por ciento, lo que implicaría que en la Comunidad hubiese alrededor de «3.500 o 3.600 policías». La negativa por parte de los responsables a actualizar el número de agentes y reforzar las plantillas forma parte del reproche de los sindicatos, que especificaron el déficit que padece cada comisaría, alertando de situaciones como las de la capital gallega, donde faltan 25 policías para dar respuesta eficaz a situaciones como la derivada de los dos apuñalamientos de hace unas semanas. Los problemas, recalcan, se reproducen en todas las localidades donde tienen presencia.

Echando mano de los datos, una de las nuevas realidades con la que conviven los agentes está ligada a la conexión con AVE a la Meseta. Una nueva vía de comunicación que en ciudades como Orense «disparó la llegada de viajeros en un 185 % con respecto a la prepandemia», pero que tiene una contraprestación no valorada. «El AVE ha aumentado el tráfico de drogas o las sustracciones de efectos», manifestó Antonio Pousa, portavoz del SUP en la provincia, que no pasó por alto un flujo de llegadas «en el que no todos son turistas». «Hay gente que viene a hacer su agosto, pero de otra manera», explicó el efectivo policial, refiriéndose a varias operaciones contra el tráfico de drogas que destaparon la llegada de estas sustancias a Galicia, aprovechando la alta velocidad. «La semana pasada se detuvo a gente que movía droga desde la Meseta y también se están dando hurtos y sustracciones», aclaró el agente a la hora de reivindicar más efectivos para la brigadas móviles que se encargan de vigilar el tráfico ferroviario que entra a la Comunidad. Aunque sin datos concretos al respecto porque «no nos los facilitan, aunque los hemos pedido», Pousa reconoció que el aumentó en el número de visitantes está teniendo un efecto llamada entre «delincuentes que se desplazan de otros lugares», lo que se deja notar en la provincia y especialmente en la ciudad. «Según los datos que tenemos los hurtos se han incrementado en el municipio de Orense un 63,7 % y los robos con violencia un 56,8 %» concretaron.

Más allá de este problema, no menor, los agentes detectan una tendencia transversal en todas las ciudades hacia la violencia vinculada al ocio nocturno. «Tras la pandemia, observamos más agresividad con las personas con las que interactuamos», señaló el responsable del SUP en Galicia, Roberto González, que puso el acento en la «inseguridad jurídica» de los agentes, ya que «la modificación de la ley de seguridad ciudadana lleva a una mayor desprotección de los efectivos». «Es mucho más complicado estar en la calle. Hay situaciones que antes solucionabas con presencia, en las que ahora tienes que hacer partes y abrir atestados porque estar en la calle hoy es más difícil que hace dos años. Hay grupos que al estar juntos se desinhiben, hay más consumo de sustancias y no es lo mismo que ante una riña tumultuaria acuda una patrulla de dos agentes o de seis» indicó González. Para ejemplificar su comentario, el portavoz compostelano, Abel Lobato, recordó que en 2019 fueron siete los agentes lesionados en servicio y que el pasado año esta cifra escaló hasta los 14. Ambos recalcaron que «la cosa se pone difícil en determinadas franjas nocturnas», por lo que solicitaron más medios para sacar a la calle coches que tengan un efecto disuasorio. «El delito mejor resuelto es el que no se comete», comentó el responsable orensano, por su parte, a la hora de afear que existe una tendencia en los últimos años a destinar más efectivos a las investigaciones y menos a la prevención.

Sobre el reajuste en las plantillas, los agentes gallegos también censuraron la falta de respuesta ante la ciberdelincuencia, pese al incremento exponencial de esta amenaza. «Si vas a cualquier comisaría, la mitad de la gente estará denunciando por estafas por Internet», manifestaron acerca del grupo de delitos que más se ha disparado en los últimos años, un 60 % desde el 2021. Sobre este tipo de investigaciones, González dejó constancia del tiempo y de las dificultades que implican el iniciar unas pesquisas por un delito «en el que a veces los servidores están en el extranjero, las entidades bancarias ponen trabas, lo que ralentiza las investigaciones. Se necesitaría un plan conjunto de colaboración, porque hay empresas y particulares que aún no denuncian por vergüenza».