El Supremo anula el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo

En dicha resolución se estima uno de los motivos por los que los denunciantes pretendían que se anulase la sentencia del alto tribunal gallego: el Plan General vigués carece de plan de evaluación ambiental estratégica .

Por ello, el Supremo concluye que el documento urbanístico y los documentos aprobatorios «deben ser declarados radicalmente nulos». Esta sentencia pone en la cuerda floja, de nuevo, el urbanismo de la ciudad más grande de Galicia, cuyo alcalde, Abel Caballero, ha presumido en los últimos años de la seguridad jurídica del nuevo planeamiento , tras años de sentencias contra el Ayuntamiento sobre actuaciones ilegales de gobiernos locales anteriores.

La redacción del actual PGOM de Vigo se inició en la etapa de Lois Pérez Castrillo (BNG) como alcalde, y Corina Porro (PP), que gobernó en minoría, no realizó grandes avances en su tramitación. No fue hasta finales de 2007 cuando el documento, con algunas modificaciones pactadas entre PSOE y BNG, y con Abel Caballero como primer edil, fue aprobado en una polémica sesión plenaria (con acusaciones de varios colectivos sobre restricciones de acceso al salón de plenos).

El documento entró en vigor en agosto de 2008 y, tras algunas subsanaciones, recibió la aprobación definitiva de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en verano de 2009, ya con Agustín Hernández (ahora portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Santiago) como titular de ese departamento.

Pese a que varios colectivos interpusieron demandas contra la aprobación del documento , en algunos casos referidas a ámbitos concretos y, en otros, relativas al planeamiento completo, los tribunales siempre dieron la razón al Ayuntamiento olívico, y todas las resoluciones fueron favorables. Estas sentencias llevaron al alcalde de Vigo a proclamar que el actual PGOM, ahora anulado, era garantía de seguridad jurídica frente «a los del pelotazo».

El planeamiento urbanístico no solo ha permitido incrementar el porcentaje de vivienda protegida en la ciudad , sino que ha amparado algunas actuaciones que, con las normas anteriores, habían sido declaradas ilegales, como las torres Ifer de García Barbón, el bloque principal del PERI de Jacinto Benavente o varios edificios en Rosalía de Castro.