El PSOE apoya un texto legal del BNG que abre la puerta a la marginación del castellano en la educación

El proyecto de ley de normalización lingüística presentado por el BNG recoge en esencia las exigencias en esta materia de los nacionalistas: un mínimo del 50% de la docencia en gallego , que pasa a convertirse en vehicular en la enseñanza obligatoria —en la actualidad esa consideración es compartida por las dos lenguas oficiales de la Comunidad— y al que no se le establecen máximos; que se garantice el conocimiento del castellano pero sin fijar porcentajes; y un apartado para la educación infantil , donde se concibe que en aquellas zonas castellanohablantes se introduzca un mínimo de un tercio de horas en lengua gallega, «con la intención de que este porcentaje sea incrementado de forma progresiva», de nuevo sin máximos.

Según el modelo lingüístico del BNG, que han apoyado tanto el PSOE como En Marea, el castellano debería compartir el porcentaje de horas lectivas que no sean en gallego con las lenguas extranjeras, por lo que su presencia podría ser residual. En el texto legal no hay una garantía de mínimos para la lengua común del Estado , ni siquiera para la docencia de las asignaturas más lógicas, como literatura o lengua española.

La larga mano legislativa llega también a la enseñanza universitaria . La actual ley, en vigor desde 1983 , concede dentro de la libertad de cátedra la posibilidad a los docentes universitarios de elegir la lengua de su conveniencia para el ejercicio de su magisterio. El proyecto del BNG elimina esta disposición e introduce de nuevo la «normalización el uso del gallego en la enseñanza universitaria».

La política lingüística fue uno de los elementos de más fricción entre PSOE y BNG cuando ambos gobernaron conjuntamente en el Ejecutivo bipartito de Emilio Pérez Touriño. Por las presiones del socio nacionalista, los socialistas aprobaron un decreto lingüístico en la educación pública basado en políticas inmersivas que, como el protecto de ley rechazado, permitía la marginación de la lengua común de todos los españoles. El PSOE encontró un fuerte rechazo a esta norma en los entornos urbanos, principalmente La Coruña y Vigo, donde el uso del castellano es muy mayoritario entre la población. El PP aprovechó ese descontento para prometer la derogación del decreto. Tras ganar las elecciones en 2009, Feijóo aprobó una nueva normativa que garantizaba el mismo número de horas para gallego y castellano en la educación obligatoria, con una paulatina introducción de una tercera lengua. Es el modelo que está en vigor, insuficiente para la izquierda y los nacionalistas por «marginar al gallego», y criticada por Vox y Ciudadanos por supuestamente arrinconar al castellano.