El Parlamento amonesta a Luis Bará por romper las fotos del Rey

Además, se restringirá con severidad la tolerancia para permitir que de la tribuna de oradores se cuelguen banderas —como hizo Bará con la estreleira— o se conviertan las intervenciones en un circo. La decisión se adoptó este viernes tras recibir la Mesa del Parlamento y posteriormente la Junta de Portavoces el informe de la asesoría jurídica de la Cámara encargado por Miguel Santalices, el presidente del Legislativo.

En el documento, los letrados son más favorables a que «la reacción ante las conductas como las analizadas se lleve a cabo conforme a los reglamentos de las cámaras y no por la vía jurisdiccional », por lo que —como se preveía desde un principio— las acciones de Bará no tendrán consecuencias legales de ningún tipo. Los propios juristas de O Hórreo recogen el amparo normativo que consagra el derecho a la libertad de expresión, al que se añade la inviolabilidad de la figura de los parlamentarios.

No obstante, admiten que «esta amplia consideración de la libertad de discurso» no contraviene para que el Reglamento de la Cámara contenga ciertos preceptos que enmarcan el ejercicio del derecho de expresión de los diputados». Así, recuerdan que el artículo 105.1 de las normas del Parlamento permite llamar al orden a sus señoría «cuando profieran palabras o vertiesen conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o sus miembros, de las instituciones del Estado y de Galicia, o de cualquiera otra persona o entidad». El hecho de que esa llamada al orden no se produjera durante el pleno es el asidero al que se agarra el Bloque para denunciar que romper fotos del Jefe del Estado entra «dentro de la normalidad», aunque su viceportavoz Olaia Rodil no aclaró si van a repetir estos actos «normales» en futuros plenos. Antón Sánchez (En Marea) se alineó con esta tesis.

Por el contrario, PP y PSOE coincidieron en que «la libertad de expresión debe tener límites al respeto, el decoro y la dignidad de las personas y las instituciones, entre ellas la monarquía», explicó Leiceaga. Los socialistas propusieron que Bará recibiera una «seria advertencia». El popular Pedro Puy fue algo más contundente: «Mi grupo se avergüenza por la ofensa que se hace a quien representa la autonomía de Galicia».