El nudo gordiano de los juzgados

Por lo pronto el Gobierno gallego ha desembolsado 100.000 euros en el pago de personal y unos 1.600 funcionarios (de un total de 2.600) han pedido incorporase a los refuerzos. Pero queda trabajo por delante para desenmarañar ese nudo gordiano en que se ha convertido la justicia: a su «retraso estructural», o las denuncias por falta de medios, hubo que sumar los problemas derivados de la huelga.

Esta semana, la Xunta pedirá al Estado que arrime el hombro. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunirá en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y le planteará que se rasque el bolsillo para costear el despliegue extraordinario de jueces, fiscales o secretarios judiciales. «Le trasladaremos que nosotros cumplimos nuestra parte. El Ministerio tiene que implicarse: si al final no tienes más que un juez, no puedes duplicar el trabajo », relata Martín, que confía en que el cambio de Gobierno no comporte un cambio en los compromisos. En el pasado, el Gobierno del PP, con Rafael Catalá al frente de Justicia, había avanzado su disposición a colaborar. «Esto no es cuestión de colores políticos, es cuestión de provecho para la ciudadanía», precisa el director xeral.

Recursos al margen, ¿qué alternativas hay encima de la mesa? Según Martín, bien la movilización de jueces sustituto —hipótesis que rechaza el TSXG—, o bien la implantación de medidas de «autorrefuerzo voluntario». Se trataría, básicamente, de que los jueces hicieran horas extra dentro o fuera de su juzgado de destino.

En un análisis llevado a cabo por los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los mayores cuellos de botella en Galicia se detectaron en un centenar de órganos , con especial incidencia en las salas de lo penal y de lo social. Y si se hace caso de las previsiones de la Xunta, los juzgados no recuperarán la normalidad hasta entrado el 2019: como mínimo la segunda fase del plan requerirá unos tres meses.

Antes de la cumbre en Madrid, la Xunta ha convocado para hoy una reunión de la comisión de seguimiento para evaluar con algunos sindicatos los acuerdos que pusieron fin a la huelga. De momento, los funcionarios ya han comenzado a percibir el 50% de las subidas acordadas —140 euros mensuales para forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para los auxiliares—. Otros puntos, como la oferta de 36 plazas o los pluses en juzgados de violencia de género, también se cumplimentaron.

Para lo que no hay hoja de ruta es para recuperar el ambiente laboral donde hace escasos meses solo se escuchaban reproches de brocha gorda y acusaciones de traición. Las fuentes sindicales consultadas aseguran que las tiranteces con algunos compañeros «va por parroquias», especialmente entre los delegados que firmaron el acuerdo con la Xunta y los que apostaron por estirar lo más posible un conflicto cuyas grietas, paso a paso, se van restañando.