El juicio contra el cabecilla de la «Carioca» por un aborto ilegal se zanja con penas irrisorias

A José Manuel García Adán, dueño de un club que llegó a facturar un millón de euros al año, se lo acusaba de obligar a una de las mujeres que trabajaban en el burdel de O Ceao a abortar después de que se quedase embarazada de un cliente. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal pedía para Adán una pena de cuatro años de prisión, por haber sido el presunto instigador de una intervención a la que la mujer, que falleció hace unos meses de cáncer, se opuso. Ella le contó al padre del niño, un buen cliente del Queens, que estaba embarazada y quería seguir adelante. Pero el hombre, acusaba el fiscal, contactó con Adán y entre los dos localizaron a un ginecólogo que accedió a realizar la intervención, pese a la oposición de la chica, de 18 años y sin arraigo familiar en España . La operación se realizó sin anestesia y con la máquina de aspirado de la clínica estropeada.

Los tres acusados se enfrentaban por petición de la Fiscalía a una pena de cuatro años y seis meses por un delito de aborto. Además, y subsidiariamente, el ginecólogo se enfrentaba a un año y dos meses de cárcel por un delito de aborto previsto. Sin embargo, y antes de celebrarse el juicio, la partes llegaron a un acuerdo que derivó en condenas pírricas . El propietario del club aceptó un año de cárcel, mientras que el ginecólogo no podrá ejercer su profesión durante tres meses y tendrá que pagar una multa de 540 euros, según el acuerdo alcanzado en la Audiencia provincial de Lugo. Por su parte, el padre del niño, un reconocido empresario de la ciudad, fue finalmente exonerado . El acuerdo al que defensa y acusación llegaron este jueves estipula que el ginecólogo deberá, además, indemnizar a la heredera de la víctima, su madre, con 3.000 euros, mientras que el empresario le deberá abonar 1.000 euros.

A la hora de rebajar su petición inicial a un cuarto, la Fiscalía tuvo en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas en el proceso judicial , dado que en varios momentos se produjo una paralización que fue «no computable» a los acusados. Es el irrisorio cierre a una de las decenas de causas desgajadas de la interminable intrucción de la «Carioca» que, a día de hoy, siguen sin juzgarse. El cierre de la causa principal se produjo en 2019, y las decenas de imputados que señalaba el sumario se resumieron en cinco , dos de ellos agentes de la Guardia Civil para los que aún no hay fecha de juicio.