La Fiscalía pide hasta 2 años y 9 meses de prisión para 17 personas por el 'ongi etorri' al etarra Ibai Aginaga

Por estos hechos la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado para los 17 procesados penas que van de los dos años a los dos años y nueve meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Para el Ministerio Público los acusados «realizaron actos de ensalzamiento del terrorismo de ETA y de sus miembros de una manera pública y organizada en la provincia de Vizcaya con la finalidad de mantener viva la idea de que los métodos violentos de dicha organización terrorista siguen siendo válidos para lograr sus objetivos -una Euskal Herria socialista, independiente, euskaldún y reunificada- y que en un futuro deberán retomarse dichos métodos violentos al no existir otro medio para conseguir tales objetivos».

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Sobre las 12.25 de aquel 13 de marzo de 2022, Aginaga se dirigió al interior del frontón de Berangos -explica el escrito de acusación de la Fiscalía- «accediendo a través de un pasillo de honor» conformado por un grupo de personas. Allí los asistentes comenzaron a aplaudir, «ondear banderas y corear consignas en apoyo a ETA», prosigue el fiscal José Perals.

En el centro del espacio, instalaron una plataforma con altavoces y micrófonos, donde algunos de los asistentes realizaron una serie de discursos y, de nuevo, respaldados por los congregados, entre aplausos de «¡presos a la calle!». En las paredes, según el relato de Fiscalía, habían pegado pancartas en las que se podía leer «’Amnistía libertad’ con el logotipo de la ilegalizada Askatasuna y ‘Bienvenido Ibai’, con la estrella roja de cinco puntas».

Desde varios días antes de la salida de Aginaga de la cárcel, asegura el fiscal, en las cuentas de Twitter de los movimientos «antirrepresivos» Jardun, Tinko y el Gasteizko Elkartasun Komitea (GEK) se informaba de la convocatoria de un acto de homenaje u ‘ongi etorri’ en favor del preso de ETA Aginaga.

«Estos tres movimientos ‘antirrepresivos’ de la izquierda abertzale se han desmarcado de la línea seguida por el partido político Sortu y el colectivo de presos de ETA EPPPK (siglas en euskera de Colectivo de Presos Políticos Vascos). En concreto, Jardun es un proyecto político que pretende agrupar a los militantes de organizaciones que luchan por una Euskal Herria socialista vasca y Tinko es una organización surgida a mediados del 2021 que tiene como objetivo la amnistía total de todos los ‘represaliados políticos’ y que integra a antiguos militantes del Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión (MPACR), antiguo ATA», se puede leer.

De acuerdo al relato plasmado por la Fiscalía, además, tras finalizar el acto en el frontón el homenaje continuó en un bar donde Aginaga junto con otros asistentes gritó al unísono «¡Gora ETA militarra!».

Sólo un mes después, en una entrevista publicada por un colectivo el recien salido de prisión hizo las siguientes manifestaciones: «Lo que quieren es destruirnos. No quieren que haya una pequeña chispa que se pueda encender. Saben que Euskal Herria es un pueblo que históricamente ha luchado y eso se lleva en el ADN».

A la pregunta de si esa «chispa» puede llegar a darse, contestó: «Sí, sí, sí. Es seguro. Lo que pasa es que ahora no estamos en las mejores condiciones, pero no se puede decir que esté todo perdido. La esperanza de si alguna vez hacemos bien, acertaremos, se va a volver a producir. Porque es así. La lucha son ciclos. Lo que pasa es que el sistema solo va a caer con nuestra lucha, con nuestra lucha y organización», declaró. Y así se refleja también en el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los 17 acusados fueron procesados a principios de abril por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y al menos ocho de ellos cuentan con antecedentes penales.

Ziortza Fernández, por ejemplo, fue condenada a 11 años de prisión por delito de colaboración terrorista, mientras que Aitor Artetxe fue condenado a 3 años por asociación de malhechores para cometer un acto de terrorismo. Zunbeltz Larrea, por su parte, cuenta con antecedentes por tenencia de explosivos o colaboración con terroristas.

En su resolución, el magistrado también aseguraba que los investigados realizaron «actos de ensalzamiento del terrorismo de ETA y de sus miembros de una manera pública y organizada en la provincia de Vizcaya con la finalidad de mantener viva la idea de que los métodos violentos de dicha organización terrorista siguen siendo válidos para lograr sus objetivos (una Euskal Herria socialista, independiente, euskaldún y reunificada) y que en un futuro deberán retomarse dichos métodos violentos al no existir otro medio para conseguir tales objetivos«.