La Fiscalía Europea comunica que investiga las compras de Canarias y Baleares

En una nota de prensa, la institución anunciaba así el decreto de incoación de una causa en la que lleva trabajando desde junio de 2022 pues, como ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción, también había recibido una denuncia del PP de Madrid sobre posible fraude en esas compras que lo habrían sido por intermediación del que era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a cambio de comisión.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC, en abril del año pasado la Fiscalía Europea envió a Anticorrupción un decreto solicitando información porque estaba verificando la denuncia -una fase previa en la que se dirime si hay fondos europeos concernidos, de quién es la competencia para investigar y si concurren indicios de delito- y había tenido noticia por el denunciante de que en la sede de la madrileña calle de Manuel Silvela llevaban investigando el mismo asunto desde el mes de abril. Se planteaba en aquel escrito que, si había fondos europeos en los contratos auspiciados por el Ministerio de Transportes, podría corresponderles a ellos la investigación. Solicitaban documentación urgente.

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El siguiente hito fue en mayo, cuando se celebró una reunión de coordinación en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) adoptó la decisión de que los expedientes sobre Canarias y Baleares recayesen en la Fiscalía Europea. Lo recordaba Anticorrupción en junio, en un decreto en el que les pasaba este asunto subrayando que en las compras de mascarillas de Adif, Puertos del Estado y Ministerio del Interior que tenían en el foco no había presupuesto comunitario afectado.

Por contra, sí apuntaba que en las adjudicaciones de mascarillas de Baleares y Canarias podría concurrir «una posible infracción que afecta a los intereses financieros de la UE», aunque desconociendo si la totalidad de los contratos se pagaron por cuenta del erario europeo porque los primeros pagos salieron de las dos comunidades autónomas y después, se hablaba de «cofinanciación».

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Pero a la Fiscalía Europea le faltaban más datos y tenía un informe según el cual, parte de las mascarillas de Adif se habían costeado con fondos comunitarios. Sin embargo, en septiembre Anticorrupción se querelló y la interlocución dejó de ser entre fiscalías, entró en juego la Audiencia Nacional. Tal y como informó ABC, la Fiscalía Europea dictó un decreto el pasado 29 de enero solicitando más datos sobre la investigación y, en concreto «sobre los hechos investigados y posibles delitos debiendo adjuntar copia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada». El juez contestó que las diligencias estaban secretas y que se atendería la petición llegado el momento.

Ese momento fue hace sólo unos días, cuando alzado el secreto el pasado 22 de febrero, acordó dar traslado de la documentación, de manera que ahora son dos órganos investigando. La Fiscalía Europea se centra en Baleares y Canarias y el Juzgado Central de Instrucción, en los órganos de los ministerios de Transportes e Interior.