El Estado tendrá que pagar casi medio millón de euros a un matrimonio por el tiempo que estuvieron en la cárcel

La resolución, a la que tuvo acceso ABC, trae cuenta del procedimiento de reclamación patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que emprendieron ambos una vez su absolución fue firme. El Ministerio de Justicia les respondió con un silencio y por eso tuvieron que acudir a la Audiencia Nacional que, ahora, les da la razón.

Él, detenido en mayo de 2016, pasó 1.044 días en la cárcel y ella, que fue detenida meses después, estuvo en prisión provisional 333 días por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Tras llegar a juicio, en junio de 2018 fueron condenados por adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia ya en 2019 y se les tuvo que volver a juzgar.

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El resultado fue una resolución «no hay ningún dato objetivo que acredite o permita afirmar la existencia de acto o actos de colaboración» con organización terrorista en el caso de él, como tampoco de que estuviese cometiendo los otros dos delitos. Para ella, lo que concluyó el tribunal es que los textos que publicó y por los que acabó en el banquillo «no incitan a la violencia, resistencia armada o a la insurrección ni exaltación ni alabanza de acciones terroristas».

Pedían una indemnización por los daños sufridos, como que los niños quedaron «en total situación de desamparo». Asumió el cuidado un hermano del padre, que se acabó llevando a los menores a Marruecos para dejarlos bajo cuidado del abuelo. El hombre perdió su trabajo y su defensa, ejercida por la Red Jurídica, acredita «un daño psiquiátrico muy grave, irreparable e irreversible».

En cuanto a ella, a la que retiraron la nacionalidad tras la primera sentencia, presenta un cuadro de depresión severo que se ve agudizado, conforme explicaron en la Audiencia Nacional, por la huella digital que queda del proceso. Sus nombres, denuncian, salen en internet asociados al yihadismo.

La Abogacía del Estado no negaba que merecieran una indemnización, pero estimaba una cuantía muy por debajo de los más de 700.000 euros que a priori, reclamaban entre los dos. Finalmente, el tribunal la fija en 495.886 euros, por verlo más proporcionado.

«Debemos contar con que el tiempo de prisión de él duró casi 3 años, rompiendo con ello su proyecto vital», dice la sentencia. Era un hombre joven con una vida familiar estable, integración laboral desde largo tiempo con un salario de 3.642 euros al mes y buenas perspectivas laborales, que había firmado un contrato para comprarse una casa y tenía dos menores a su cargo.

Concluyen que «la prisión le privó sin duda de mantener su vida personal y familiar, con el dolor que ello provoca; más en este caso, en que los dos hijos de 4 y 1 años de edad debieron quedar a cargo de la madre y posteriormente quedaron privados de la presencia de la madre y del padre, debiendo marchar a Marruecos para permanecer a cargo de los abuelos». Todo, con el añadido de que estuvo en un «régimen de prisión especialmente severo» por los delitos que se le imputaban: aislamiento y con las comunicaciones intervenidas todo ese tiempo.