Hasta 18 fiscales del Supremo se rebelan contra el silencio de García Ortiz por el 'lawfare'

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los firmantes expresan a García Ortiz su «decepción por la falta de voluntad» de «salir al paso de las injuriosas insinuaciones» sobre la actuación de los miembros del Ministerio Público en el juicio del 1-O, un manto de sospecha plasmado en el acuerdo de investidura» firmado por el PSOE con los independentistas.

Como informó ABC, los cuatro fiscales del ‘procés’ -Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- habían expresado previamente su preocupación a García Ortiz por la creación de esas comisiones de investigación y el inicio de «acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional».

«Parece necesario recordar que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático y de Derecho y de que iniciativas como ésta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial», señalaban. A su juicio, «el reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas (...) representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales» que exigía, por parte del fiscal general, una «respuesta inmediata».

Lejos de darles ese amparo, el fiscal general envió una carta a toda la carrera recordando que el Ministerio Fiscal es un «órgano de relevancia constitucional entre cuyas misiones destaca la defensa de la legalidad y el respeto al principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho» y que entre sus obligaciones está «evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».

«Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El posicionamiento en todo caso técnico-jurídico de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención», apuntó García Ortiz.

Esta respuesta del fiscal general, de cuya continuidad depende un nuevo nombramiento por parte del Gobierno, es la que ha puesto en pie de guerra a los fiscales de la Sección Penal del Supremo, compañeros de los cuatro del ‘procés’. Los 18 firmantes acusan a García Ortiz de «ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y la demanda de amparo formulada por los fiscales del ‘procés’, para sí y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos». La carta está firmada por la mayoría de los fiscales de esa Sección Penal: no lo han hecho los cuatro del ‘procés’ (que se han abstenido por ser afectados), tres que no han podido ser localizados y dos que han declinado hacerlo.