Los fiscales catalanes censuran que Junts les acuse de 'lawfare' en el Parlament

El pasado 16 de noviembre, durante una comparecencia, Jubert se dirigió a Ariche para decirle que «no era bienvenido en la Cámara». Tras ello, profirió «graves acusaciones» contra el fiscal. Entre éstas, que «había vulnerado la presunción de inocencia en numerosas ocasiones», en relación a los independentistas enjuiciados.

Este martes, la Fiscalía Superior de Cataluña, tras una junta extraordinaria, ha apuntado que «tales manifestaciones, además de ser contrarias a la más elemental cortesía y respeto institucional», dado que se produjeron durante la presentación de la memoria del Ministerio público; constituyen un «ataque injustificado contra la labor de jueces y fiscales por parte de quienes ejercen cargos públicos, con la inequívoca intención de generar contra los mismos una corriente de opinión negativa entre la ciudadanía».

Los fiscales sostienen que las afirmaciones de Jubert revelan además «un absoluto desconocimiento del funcionamiento del Ministerio Fiscal», como órgano cuya voluntad se conforma de manera colegiada y democrática, de forma que el posicionamiento de Ariche, en todas sus intervenciones, «ha venido en todo momento refrendado, no únicamente por el fiscal superior de Cataluña sino, además, por el propio fiscal general del Estado, a través de sus órganos técnicos».

Por este motivo, la Fiscalía de Cataluña respalda de forma unánime la actuación de Ariche, así como la de «todos los miembros de las diversas Fiscalías en los procedimientos judiciales derivados del denominado 'procés'» y «su respeto a las resoluciones judiciales que aquellos dictaron en defensa del Estado de Derecho, y su rechazo absoluto a cualquier tipo de injerencia a los principios de separación de poderes e independencia judicial».

La acusación del diputado de Junts se produce en plena tramitación de la ley de amnistía y las acusaciones de los independentistas de 'lawfare', la denominada guerra sucia judicial, que apunta que las causas contra ellos no responden a una actividad delictiva, sino a una persecución política. Ariche, además, ejercerá también la acusación en el juicio contra los denominados arquitectos del 'procés', Josep María Jové y Lluís Salvadó, que comenzará el próximo 10 de abril. El Ministerio público pide para ellos siete y seis años de prisión, respectivamente, y les atribuye un delito de malversación agravada, por la organización del referéndum ilegal.