El fiscal general del Estado se niega a condenar la sombra de 'lawfare' que planea sobre los fiscales del 'procés'

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En la misiva de García Ortiz, que se interpreta también como una respuesta a los vocales del Consejo Fiscal que pidieron un pleno extraordinario sobre este asunto, el fiscal general señala que el Ministerio Fiscal, «órgano de relevancia constitucional entre cuyas misiones destaca la defensa de la legalidad, debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado«, dice.

García Ortiz, de cuya continuidad depende de un nuevo nombramiento del próximo Gobierno de Sánchez (pues la cabeza del Ministerio Público cesa cuando lo hace el Ejecutivo que lo nombró y por lo tanto está en funciones como aquel), recuerda que el Estatuto de la carrera prevé como una de sus principales funciones «velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa«.

«Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El posicionamiento en todo caso técnico-jurídico de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención«, adelanta.

Añade el sustituto de Dolores Delgado que su puesto «exige» mantener una posición pública que «refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados«. »La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales de nuestro país tienen encomendada«.

Concluye señalando que el fiscal general «es la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas«.

Apenas veinticuatro horas antes, los fiscales del 'procés' le habían enviado una carta expresando su preocupación por la creación de comisiones de investigación para escrutar la labor jurisdiccional en causas relacionadas con el 'procés' y establecer que la valoración que efectúen esas comisiones de investigación «podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional». «Parece necesario recordar que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático y de Derecho y de que iniciativas como ésta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial«.

«El reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas con la inclusión de términos absolutamente improcedentes como 'lawfare' -o judicialización de la política- obviando la naturaleza delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece, representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia el pluralismo político y de la igualdad ante la ley«, señalan en la carta a la que ha tenido acceso ABC.

Recuerdan los fiscales que su actuación en esta causa del 'procés' se ha sujetado «estrictamente» a los principios de legalidad y de imparcialidad (...)«, por lo que rechazan que el fiscal general no reaccione ante esta sombra de sospecha que se pretende extender sobre ellos y sobre el resto de compañeros de toda España que han llevado causas relacionadas con el independentismo. Esto debe ser objeto de »respuesta inmediata«.

Los fiscales no ven posible que el fiscal general dilate más su respuesta con el argumento de que la ley no está todavía publicada. «Lo que se solicita -dicen- es el pronunciamiento sobre »el texto de un acuerdo (el de PSOE-Junts) que ya existe y ha sido publicado«. »El Ministerio Fiscal tiene encomendada específicamente la defensa de la legalidad y la función de velar por la independencia en los tribunales (....) y considerando que la situación en la que nos encontramos es especialmente grave, le instamos a que actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley y en defensa de quienes como miembros de esta institución, ejercen sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión«.

No son los fiscales del 'procés' los únicos que han pedido a García Ortiz que reacciones ante el ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes que supone deslegitimar actuaciones y resoluciones judiciales relacionadas con el 'procés'. Lo hicieron sin éxito la mayoritaria Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal.