El Congreso da de plazo a Ábalos hasta el 13 de enero para hacer alegaciones al suplicatorio solicitado por el Supremo

La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, remitió el jueves, 19 de diciembre, a la del Congreso, Francina Armengol, la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con el ahora diputado del Grupo Mixto.

En concreto, el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado suspender la inmunidad parlamentaria del exministro por apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

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Un día después de que el suplicatorio llegara a la Carrera de San Jerónimo, la Mesa de la Cámara celebró una reunión telemática para calificar el escrito, que fue remitido a la comisión encargada de su tramitación. Y ese mismo día el órgano que preside el 'popular' Manuel Cobo, y del que forma parte un miembro de cada grupo parlamentario, convocó la cita que ha tenido lugar este viernes.

Como mandata al Reglamento del Congreso esta reunión se ha celebrado a puerta cerrada. Según ha informado después el propio Cobo, se ha tomado conocimiento del suplicatorio y se abierto un plazo de alegaciones para dar audiencia a Ábalos.

En concreto, se ha acordado que el diputado podrá remitir sus alegaciones por escrito a más tardar el 13 de enero a las diez de la mañana o si prefiere explicarse en persona podrá comparecer ese mismo día a las 12.30 ante la comisión.

Reglamentariamente la Comisión del Estatuto del Diputado tiene 30 días para tramitar el suplicatorio, pero esta vez ese plazo choca con el mes de enero, en el que no hay actividad ordinaria. Por eso se va a pedir a la Mesa de la Cámara que habilite a la comisión para poder reunirse el 13 de enero.

Con independencia de que Ábalos presente o no alegaciones, la comisión se volverá a convocar el 13 de enero por la tarde para aprobar sus conclusiones. El Reglamento establece que el suplicatorio debe votarse en el siguiente Pleno ordinario -que no tendrá lugar hasta febrero cuando arranque en nuevo periodo de sesiones-, pero Cobo ha dejado abierta la posibilidad de que el asunto se trate en una sesión plenaria que se calcula para finales de enero sí así lo acuerda la Junta de Portavoces.

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Armengol dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En el caso de Ábalos, se da por segura la concesión del suplicatorio ya que incluso el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando tenga lugar la votación, ya que su deseo es esclarecer el caso lo antes posible y llegar hasta el final.

El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).

En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.