El Congreso nombra nuevo letrado mayor con votos en contra por primera vez

Hasta ahora, desde que la vigente democracia dio sus primeros pasos con la Constitución de 1978, ningún partido había rechazado en la Mesa del Congreso la designación de un candidato, propuesto por el presidente, para ocupar el cargo de letrado mayor. Los populares se opusieron este viernes, sentando un precedente, con una única argumentación, según fuentes presentes en la reunión: que Galindo, el aspirante promocionado por Francina Armengol, viene de ocupar un puesto en el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

El artículo 35 del Reglamento del Congreso establece que el secretario general de la Cámara Baja se elegirá «entre los letrados de las Cortes con más de cinco años de servicios efectivos». Galindo, que lleva en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 2010, cumple de sobra ese requisito. No obstante, los populares alegan que no puede ocupar un puesto tan sensible alguien con un claro sesgo político al proceder del Ejecutivo.

Fuentes socialistas de la Mesa desdeñan las críticas del PP y defienden la profesionalidad de Galindo, que solo recibe el rechazo de los populares, dicen, porque se han instalado «en el no a todo». Desde el PSOE recuerdan que el ahora letrado mayor sí fue respaldado por el PP para distintos cometidos en las Cortes, una de las veces bajo el mandato del popular Jesús Posada al frente de la Cámara Baja.

En concreto, con Posada como presidente, Galindo fue nombrado director de Relaciones Internacionales en 2014. Ya con Meritxell Batet al frente del Congreso, recuerdan los socialistas, Galindo fue designado por unanimidad director de Comisiones en 2019 y director en funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales en 2020.

El problema para el PP no está en su experiencia, sobradamente contrastada, sino en el hecho de que desde mediados del año 2021 Galindo ha ejercido puestos dentro de la estructura del Gobierno de coalición. En primer lugar, fue director general de Cooperación Autonómica y Local, que depende del Ministerio de Política Territorial. Este año, se le envió a un nuevo puesto, como subsecretario en el gabinete de la ministra del ramo y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Ahora, de un ministerio socialista pasa al puesto jurídico de mayor responsabilidad en el Congreso. Y su primera tarea será estampar su firma sobre el informe que proponga la admisión o inadmisión a trámite de la ley de amnistía. Un primer encargo decisivo.