Ruth Merino: «El concierto catalán es una humillación para los valencianos infrafinanciados»

Además, ultima unos presupuestos autonómicos que el PP, en minoría, tendrá que negociar tras la salida de Vox del Ejecutivo valenciano. La relación con sus exsocios en este nuevo curso político, asegura, no les preocupa. En una entrevista con ABC, Merino critica la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclama más recursos para atender la crisis migratoria y rechaza las amenazas del Gobierno de España de llevar algunas de sus leyes estrella al Tribunal Constitucional.

—Si se articula un concierto para Cataluña tras años esperando una respuesta al problema valenciano, ¿en qué situación quedan?

—Este concierto es malo para todos en términos económicos porque rompe la solidaridad y la igualdad. Hasta dirigentes del PSOE reconocen que es un disparate. No deja de ser también inmoral, porque la causa es la necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder. Además, que se concedan privilegios al nacionalismo catalán es una humillación para los valencianos infrafinanciados, que se sienten otra vez ninguneados y perjudicados por el Gobierno. Si existe una singularidad y una excepcionalidad es la nuestra. No queremos ser más que nadie, pero llevamos mucho tiempo reclamando que se nos iguale a la media. Detrás de todo están la sanidad, la educación y los servicios sociales.

—¿Se habría abierto este debate de no ser por la necesidad del PSOE de pactar con ERC?

—Llevamos muchos años reclamando que se ponga en marcha la reforma urgente del sistema y hasta hace escasos meses que han tenido la necesidad de formar un gobierno, de hacer presidente a Sánchez y luego a Salvador Illa, no se ha empezado a hablar ni de la reestructuración de la deuda, que también es otro problema acuciante para la Comunidad Valenciana, ni de la financiación. Es verdad que, al menos, se está hablando de este tema, pero no porque el Gobierno de España pretenda solucionar una injusticia que se viene cometiendo, sino porque les conviene a ellos.

—¿Qué medidas va a tomar la Generalitat Valenciana contra esa financiación singular?

—Veremos cómo transcurre, porque el Gobierno es rehén de sus socios para cada cosa que lleva al Congreso de los Diputados. Como estamos convencidos de que hay una parte inconstitucional en este acuerdo, utilizaremos todos los recursos jurídicos para intentar que no se cometa está tropelía. También los sociales. Existe una gran unión entre sindicatos, confederaciones empresariales y, hasta hace poco, todos los partidos políticos. Echamos de menos al PSPV, cuya líder -la ministra de Ciencia, Diana Morant- se ha puesto de perfil. Como buena discípula 'sanchista' antepone su sillón a los intereses de los valencianos. El socialismo parece que se ha olvidado de la progresividad que siempre ha defendido en el sistema tributario y ahora resulta que el que más tiene no tiene que aportar más.

—¿Por qué cree que la ministra Montero prefiere negociar el nuevo modelo de financiación con Alberto Núñez Feijóo antes que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

—Está haciendo dejación de funciones. Busca excusas y no está asumiendo su responsabilidad, que es lo que ella exigía cuando era consejera de Andalucía. Si trabajara en una empresa privada ya estaría en la calle despedida. Las comunidades del PP y también otras del PSOE están de acuerdo en que el foro adecuado para debatir este tema crucial es ese. La explicación que le encuentro es que están atados de pies y manos con otras cosas.

—¿El PP tiene voluntad de dialogar?

—Por supuesto. Estamos dispuestos a sentarnos en un foro multilateral, que es donde toca, y no con relaciones bilaterales. Es un tema complejo, pero no hay que ser cobarde. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, como en que el sistema tiene que ser más sencillo o que tiene que tener más recursos para que los servicios se presten en igualdad de condiciones en toda España. Hay diferencias entre autonomías, que es lo que ella alega para decir que no nos ponemos de acuerdo. Pero todos estamos dispuestos a ceder, porque un acuerdo en el que una comunidad salga satisfecha 100% no va a ser bueno.

—¿La Comunidad Valenciana tiene una propuesta firme sobre la mesa?

—Claro que sí. Nos apoyaremos en los expertos y en datos objetivos. Pero mientras eso no llega, exigimos un fondo de nivelación que nos iguale para las cuatro autonomías que estamos por debajo de la media nacional. Es una cuestión de voluntad política. Dejamos de recibir cerca de 1.800 millones de euros al año para servicios fundamentales que obtenemos a costa de endeudarnos y pagar intereses que son desorbitados. En 2024 van a llegar hasta los 900 millones. Es una injusticia.

—¿Hay unanimidad también entre las comunidades gobernadas por el PP sobre este fondo?

—Por supuesto que se reconoce que hay que arbitrar de alguna forma un fondo para las autonomías más afectadas mientras no se articulen un nuevo sistema que sea más justo, más igualitario y más equitativo para todos. Hay que acabar con esas diferencias.

—¿Qué se sabe de la anunciada quita de deuda? Montero dijo que iniciaría en julio las conversaciones. 

—Oficialmente nunca se nos ha comunicado nada. Hay que darle algún tipo de salida a la deuda de 58.000 millones de euros, de los que cerca del 80% se deben a la infrafinanciación, porque sería muy bueno volver a salir a los mercados. No sabemos cuál es el criterio que se va a seguir, pero es un tema que también se tiene que abordar conjuntamente con luz y taquígrafos y nunca de forma bilateral como han hecho con el independentismo catalán.

—¿Qué cifra creerían ajustada?

—Del total de la deuda, unos 43.000 millones proceden de la infrafinanciación colectiva que se derivó de la crisis de 2008 y de la parte que afecta exclusivamente a la Comunidad Valenciana. Para volver a salir a los mercados, con un nuevo modelo aprobado, tendríamos que quitar entre el 30 y el 35%, unos 20.000 millones, del saldo negativo.

—El PP, Vox y Junts tumbaron los objetivos de déficit del Gobierno para 2025. ¿Van a tener menos capacidad de gasto?

—Tienen otra oportunidad de aprobarlos en las próximas semanas. Como ocurrió el año pasado, no reconocen el trabajo que están haciendo las comunidades para satisfacer los servicios fundamentales y nos obligan a hacer un mayor esfuerzo a la hora de cumplir con el déficit para quedarse ellos con la mejor parte. Las comunidades tenemos que cumplir con el 98% del esfuerzo fiscal. Ellos, con el 2% restante. Queremos más margen. La Comunidad Valenciana tiene tantos problemas financieros provocados por la financiación que el margen que pueda variar de la aprobación o no de esos objetivos de estabilidad es pequeño comparado con todo lo que nos falta.

—Es ya una posibilidad. ¿Qué supondría para la Comunidad Valenciana que se prorrogaran los Presupuestos Generales del Estado?

—Las cuentas están muy ajustadas y tienen a Junts apretándoles. Si se prorrogan de nuevo los de 2023, la provincia de Alicante seguirá siendo la última en inversiones. Tenemos un Gobierno de España que hace de todo menos gobernar, porque no ha llevado demasiadas cosas al Congreso de los Diputados que hayan sido aprobadas, más allá de la ley de amnistía por conveniencia de algunos. Eso supone una parálisis que cuanto antes termine mejor.

—Con el PP en minoría y sin Vox en su Ejecutivo, ¿le preocupa no poder sacar adelante los presupuestos autonómicos?

—No es preocupación, es una mayor responsabilidad. Ahora quizá haya que hacer un mayor esfuerzo para convencer no sólo a Vox, también a PSPV y Compromís, de que estos presupuestos van a ser mejores todavía que los de 2024 y más sociales. Yo soy muy de negociar, de consensuar y de sacarlos adelante con todo lo bueno que quieran aportar. Si no apoyan nuestras propuestas, serán ellos los que tendrán que explicarlo. Antes de verano tuvimos el esbozo y ahora todas las consellerias están trabajando para llevarlos a las Cortes Valencianas en tiempo y forma.

—¿Va a tener más libertad para confeccionarlos sin Vox?

—Hemos tenido una relación muy buena con sus tres consellers. Hemos sido un único Gobierno integrado por dos partidos, porque había una hoja de ruta clara en todo lo que nos unía. No ha sido nada complicado, ni el día a día, ni las cosas que se iban llevando a los plenos del Consell para ser aprobadas, ni tampoco los presupuestos anteriores. No sé si va a haber más o menos libertad. Creo que es una cuestión de tener sentido común, de poner por delante las cosas importantes. Y como en eso siempre ha habido consenso, tanto como los consellers de Vox, como con los del PP, será algo similar.

—¿Cómo espera que sea la relación con sus exsocios, que siguen ostentando la Presidencia de las Cortes?

—Entiendo que harán valer sus pretensiones de una forma más contundente. La relación es buena. Es un partido con el que hemos podido hablar siempre y es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos convencidos de que siempre que queramos aliviar la presión fiscal elevadísima que existe en la Comunidad Valenciana o avanzar en la simplificación administrativa, Vox lo apoyará. En caso contrario, tendrán que explicar sus razones.

—¿Cómo afrontan la crisis migratoria?

—La Generalitat está cumpliendo con su obligación. No somos inhumanos e insolidarios como dicen. Parece que Sánchez por fin se ha puesto las pilas con esa gira por los países de origen. Pero el problema se tiene que afrontar entre todos los de la Unión Europea. Tenemos los centros de menores valencianos al 160% de ocupación y el Gobierno no nos están facilitando recursos a las comunidades para darles unas condiciones dignas. Lanzan la pelota al tejado de las comunidades gobernadas por el PP para quitarse el problema de encima, pese a ser su responsabilidad. Sánchez tiene que sentarse a hablar con las autonomías. Son temas en los que hay que apartarse del partidismo y tener altura de miras.

—¿Habrá diálogo con el Gobierno tras amenazarles con recurrir sus leyes de Concordia y educativa y el decreto de simplificación al Constitucional?

—El procedimiento habitual, antes de llegar al Constitucional, es establecer una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para ver en qué no están de acuerdo. Estamos dispuestos a escucharlos, pero convencidos de que estas leyes son buenas. La de Concordia reconoce a las víctimas de violencia política de todas las épocas y no solamente de una. Habrá que ver por qué no quieren que los padres tengan mayor libertad de elegir la educación de sus hijos y qué es lo que afrenta a la Constitución. En cuanto al decreto de simplificación administrativa, busca que los procesos sean más ágiles. No podemos dejar atrás proyectos e inversiones porque exista una parálisis en la Administración.

—¿Harán cambios en ese extenso decreto ahora que se tramitará como proyecto de ley en las Cortes Valencianas? La oposición, incluido Vox, criticó por ejemplo la rebaja de 500 a 100 metros de la distancia del litoral para construir hoteles.

—Estamos dispuestos a hablar con todos los partidos y a mejorarlo en todo lo que se pueda. Si de un decreto beneficioso que abarca tanto y es tan ambicioso ese es el punto conflictivo, no hay ningún problema en tratarlo.

—¿Prevén más bajadas de impuestos en lo que queda de año?

Este Gobierno ha apostado desde el primer momento por aliviar a las rentas medias y bajas en la comunidad con la mayor presión fiscal de España. Vamos a seguir avanzando en esa hoja de ruta a lo largo de la legislatura, porque los movimientos de este tipo se tienen que hacer de una manera responsable. Hay que tener en cuenta cuál es la situación financiera de la comunidad y los efectos que tienen estas medidas que podamos adoptar. En ningún caso, como se suele decir desde la oposición, se trata de bajar los impuestos a los ricos. Lo que hemos hechos es eliminar una injusticia y un impuesto inmoral como el de Sucesiones y Donaciones. De momento, convergemos a la media, convencidos de que los movimientos que hacemos dinamizan la economía. Esto no es automático, pero acompañado de otras medidas paralelas, con el tiempo nos va a llevar a recaudar más.

Me enerva oír a ministros, recientemente a Óscar Puente, que las comunidades estamos bajando impuestos y al mismo tiempo pidiendo más financiación a 'papá Gobierno'. Sánchez no nos regala nada. Nos entrega lo que toca según la recaudación que se ha producido en la Comunidad Valenciana de los impuestos que se han pagado. Y si es mayor no es porque nos estén haciendo un favor, es por el ciclo económico, por la inflación. Primero, que nos solucione el problema de la financiación y entonces, si quieren, hablamos de impuestos. Pero, mientras, los valencianos no pueden estar doblemente castigados con la financiación más baja y los impuestos más altos.