El nuevo recorte drástico del Gobierno al trasvase Tajo-Segura será denunciado ante Europa

No será previsiblemente la única instancia administrativa o judicial en la que se revisará este auténtico «hachazo» a las transferencias hídricas, tal como lo han valorado ya los afectados a través de sus representantes, porque el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también adelantó este jueves que iba a recurrir a todos los resortes jurídicos, civiles y de toda índole para intentar frenarlo.

«Traerá un graveimpacto en la economía del Levante español, con los consiguientes efectos sobre el empleo, el poder adquisitivo de los ciudadanos y por tanto del bienestar de los mismos», han alertado desde COAG, quienes también van a instar a la Mesa del Agua de la Región de Murcia a que convoque a toda la sociedad civil de la Región a manifestarse en la defensa de estos recursos «vitales». Una movilización que igualmente se ha anunciado desde la Administración autonómica valenciana y la Diputación de Alicante.

Como argumentos que se llevarán ante las autoridades comunitarias europeas, COAG anticipa que este cierre del grifo llega «en unos momentos de gran incertidumbre añadida sobre los efectos que podría tener la aplicación plena de la Directiva Marco de Agua de la UE en los próximos e inmediatos años en cuanto a la disponibilidad de caudales de aguas superficiales y subterráneas».

Y no faltarán tampoco razones medioambientales. «No debemos olvidar que estas aguas del trasvase, que en algunas zonas son prácticamente las únicas disponibles, además de contribuir al abastecimiento de la población en general están dando soporte, junto con los demás recursos hídricos de la cuenca, a unos cultivos de regadío que, hoy por hoy, constituyen la únicabarrera al avance del desierto en el sureste español», ha señalado COAG.

Sin olvidar que esos caudales «están produciendo un importante efecto de secuestro o 'sumidero' de CO2 (especialmente en el caso de los cultivosarbóreos) que contribuye a paliar, al menos en parte, las emisiones de estos gases de efecto invernadero producidos por el conjunto de las actividades económicas».

En paralelo a ese futuro frente judicial de ámbito europeo, en el escenario nacional, los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía han demandado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la convocatoria «urgente» de una reunión con estas administraciones afectadas por el «recorte» al trasvase Tajo-Segura.

Los consejeros Sara Rubira y Miguel Barrachina se reunieron este miércoles por la tarde en la sede de la Conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería (Generalitat Valenciana), donde acordaron reclamar este encuentro al Miteco en coordinación con Andalucía.

«Hace más de un año se nos convocó a una reunión para poder participar en este proceso. Una reunión sin datos y sin guion que no se volvió a repetir. Ahora sabemos que las aportaciones que remitimos al Ministerio no han sido tenidas en cuenta», lamentó la consejera murciana.

Ambos dirigentes autonómicos acusaron al Gobierno central de «usar a los regantes del Levante como moneda de cambio para sus intereses partidistas en Castilla-La Mancha». Además, este cambio de las reglas de explotación llega cuando las reservas de los pantanos de cabecera están en máximos históricos, nunca antes registrados, con más de 1.500 hectómetros cúbicos que se almacenan en los dos embalses del acueducto, Entrepeñas y Buendía, lo que hace «aún más incomprensible esta decisión arbitraria del Ministerio que sólo pretende castigar al Levante y contentar a Castilla-La Mancha», según Rubira.