Mazón resiste al frente de la Generalitat tras pactar con Vox los presupuestos

Un plan de «impulso de legislatura» para dotar a la Comunidad Valenciana de recursos de forma «ágil y efectiva» en plena reconstrucción tras la catastrófica dana del 29 de octubre, y «solventar la lentitud del Gobierno» central. «Un nuevo marco político» en el que, lejos de dimitir, seguirá «liderando» la reconstrucción, pues también «garantizará la estabilidad política» de la región.

«He comprometido mi acción política a la recuperación de esta comunidad. Y hoy damos un paso importante para conseguirlo con estos presupuestos», ha incidido, a los que se ha referido como «un deber ineludible». Así lo ha anunciado Mazón este lunes en una declaración institucional sin preguntas en las Cortes Valencianas, acompañado de la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino; la vicepresidenta primera, Susana Camarero; y el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca.

En su comparecencia de alrededor de media hora, Mazón ha ensalzado la «voluntad sincera» de la formación de Santiago Abascal, con quien ha pactado una serie de medidas que se concretarán en los próximos días.

No obstante, en base a su discurso de este lunes, Mazón ha asumido sus exigencias en políticas medioambientales, cargando duramente contra el Pacto Verde Europeo: «Apoyamos firmemente a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Por eso rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo y sus medidas que va directamente contra la esencia de nuestra economía y que no solo afectan al sector primario, sino también a la industria y al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana».

«El dogmatismo climático y la rigidez normativa» no pueden frenar las obras en barrancos para evitar inundaciones o la limpieza de cauces, ha aseverado, por lo que llevarán al Comité de las Regiones una iniciativa «que genere nuevos apoyos para exigir que las inversiones en infraestructuras hidráulicas -presas y embalses- que salvan vidas no estén condicionadas por criterios medioambientales extremos». Asimismo, los presupuestos incluirán una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para fincas agrarias y la eliminación de las tasas para los pescadores.

También ha habido cesiones en lo que se refiere a inmigración. «La Comunidad Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez», ha sentenciado. «Buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas. Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europeo. Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales», ha sostenido.

Al mismo tiempo, ha solicitado a la Delegación del Gobierno «haga público el número total de personas detenidas por pillaje» relacionadas con robos en domicilios tras la dana, así como su nacionalidad.

Fuentes cercanas a la dirección nacional del PP aseguran que Génova estaba al tanto de las negociaciones y conocía los diferentes momentos por los que pasaron las conversaciones entre los populares valencianos y Vox.

«Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo. A diferencia de Sánchez, el PP no cede principios a cambio de votos. La Comunidad Valenciana podrá tener presupuestos mientras que el Gobierno de España no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa», indican.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado las palabras de Mazón. «Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal», ha indicado en su perfil de X. Según Abascal, esas dos cuestiones «tuvieron que ver con la tragedia de la dana en sus causas y en la amplificación de las consecuencias, por el pillaje». Además, ha felicitado a Mazón por tener «el valor de denunciarlo públicamente» y se ha mostrado convencido de que, «con ese rumbo», la Comunidad Valenciana tendrá los presupuestos «que necesita para su reconstrucción».

Carlos Mazón espera que este pacto «pueda ser valorado al margen de las siglas o el color político». Lo considera «un paso imprescindible para la reconstrucción de esta tierra», frente a la «indolente respuesta» e «incomprensible» actuación del Ejecutivo central, a quien ha vuelto a responsabilizar de la falta de infraestructuras hídricas y encauzamientos de barrancos que «hubieran evitado gran parte de las consecuencias de la riada».

«La reconstrucción necesita un Gobierno que no busque réditos electorales», ha espetado, ni esté en «cacerías políticas». «Esperábamos de la izquierda algo más de los insultos y las campañas de difamación», ha indicado sobre un PSPV-PSOE con «falta de autonomía y criterio propio», y Compromís, que «se apropia de un dolor que es de todos».

Vox, socio parlamentario de un Gobierno del PP en minoría desde que salieron del Ejecutivo en julio, dará luz ver a unas cuentas que suponen un balón de oxígeno para Mazón. Dispuesto a resistir a la presión, el barón popular vive uno de sus peores momentos después de los sucesivos pronunciamientos de la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.

La magistrada que investiga la gestión de la dana ha incidido en los últimos días en la falta de avisos a la población ante muertes evitables, pese a la sobrada información que la Generalitat tenía aquel fatídico 29 de octubre, y ha imputado a dos ex altos cargos, desmontando así el relato político del Consell, que ha apuntado desde el primer momento a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con unas nuevas cuentas, enfocadas a la recuperación tras la catástrofe, el presidente gana tiempo ante la ciudadanía y ante su propio partido.

La convocatoria de la declaración institucional ha sido añadida por sorpresa, a primera hora de este lunes, a la agenda del presidente autonómico, reanudada tras un fin de semana apartado de los focos pese a que Valencia vive los días grandes de sus Fallas.

Los Presupuestos de la Generalitat tuvieron que prorrogarse al finalizar el año. Las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre obligaron a posponer su aprobación, ya que estaba previsto que se registraran en Les Corts dos días después.

Después de la remodelación del Consell, la nueva situación de la provincia de Valencia obligaba a redactar unas nuevas cuentas, cuya presentación se ha aplazado en varias ocasiones, obligando también a modificar el calendario parlamentario.

Cuestionada horas después sobre las cesiones ideológicas realizadas a Vox, la vicepresidenta primera y portavoz de la Generalitat, Susana Camarero ha señalado que «las cesiones son a los valencianos, a la recuperación, a la política social, a la dependencia, a la sanidad y a la educación», pues serán unas cuentas «con más inversión histórica» en políticas sociales, que contarán con «una partida dana y otra con el presupuesto ordinario».