El pasado 22 de noviembre, a través de la colaboración ciudadana, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Elche obtuvo información sobre una posible venta y almacenamiento ilegal de productos pesqueros en un bar. Por este motivo, los investigadores se trasladaron al lugar y realizaron una inspección exhaustiva en el establecimiento, donde encontraron diversas irregularidades relacionadas con los productos almacenados en arcones congeladores y frigoríficos industriales.
Entre los productos detectados se encontraban 33,9 kilos de pulpo, 11,43 kilos de sepia, 3 kilos de calamar, 1,78 kilos de atún, gambas y otras especies marinas, muchas de las cuales podrían ser inmaduras, no alcanzando la talla mínima permitida para su captura y comercialización.
Los productos intervenidos quedaron a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, que continuará con las actuaciones necesarias. Además, se informó al Centro de Salud Pública de Elche debido a los riesgos asociados al consumo de alimentos que no han pasado los controles sanitarios pertinentes.
Una vez finalizadas las actuaciones de los agentes, el responsable del establecimiento se enfrenta a un expediente sancionador por infracciones graves a la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura, con multas de hasta 60.000 euros, y a la Ley 14/1986 General de Sanidad, que contempla sanciones de hasta 4.000 euros.
Posibles intoxicaciones
La pesca y comercialización ilegal de productos pesqueros supone un grave riesgo para el medio ambiente al no respetar las normativas vigentes, como los periodos de veda, los límites de captura o las tallas mínimas. Por otro lado, la falta de controles sanitarios expone a los consumidores a posibles intoxicaciones o enfermedades, además de contribuir a un fraude fiscal que afecta a la hacienda pública.
La Guardia Civil recuerda la importancia de exigir garantías de calidad y procedencia de los productos pesqueros que se consumen. Es fundamental que los establecimientos de restauración proporcionen información clara y accesible sobre el origen y la trazabilidad de los alimentos ofrecidos.
En caso de sospechar irregularidades, los consumidores pueden solicitar la hoja de reclamaciones del establecimiento, un instrumento legal que permite dejar constancia de las deficiencias detectadas y contribuye a proteger la salud pública y los derechos del consumidor.
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