Un interno ataca con un bolígrafo a un funcionario del psiquiátrico penitenciario de Alicante

El colectivo de trabajadores penitenciarios es uno de los que sufre más situaciones de este tipo. De hecho, las agresiones han aumentado un 12% respecto al año anterior, siempre según las estadísticas oficiales. TAMPM calcula que cada 17 horas un empleado de las prisiones españolas es agredido, por lo que denuncia «la escasez de medios y de formación» a su disposición y «la ineficacia de un protocolo» de Instituciones Penitenciarias cuyo objetivo real es «maquillar las cifras reales de ataques».

En el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent la situación se agrava por la especial condición de los internos allí recluidos y, sobre todo, por la escasez de profesionales de la Psiquiatría que los atienden. Actualmente tan solo hay dos plazas cubiertas de un total de cinco que contempla la RPT, según explican. «Esto provoca que las personas privadas de libertad sufran brotes psiquiátricos más habitualmente, aumentando su agresividad y conflictividad, a la que tienen que hacer frente los empleados del centro», subrayan.

Con la cercanía de la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el horizonte, el sindicato vuelve a criticar el «abandono que sufre por parte del Ministerio del Interior». El pasado 18 de marzo los trabajadores de los tres centros de la provincia cortaron el acceso a las prisiones en Alicante, protestando por el asesinato de una compañera en una prisión de Cataluña, tras años denunciando que unos hechos así terminarían por suceder. «Las mejoras en la seguridad que se reclaman a unos mandos que prefieren no escuchar redundarían en una mejora de la situación de las personas privadas de libertad, algo propio de un estado democrático avanzado», avisan.

Así, TAMPM recuerda a la sociedad que los trabajadores de base de las prisiones, «a pesar de las trabas impuestas por los jefes del Ministerio del Interior y de Instituciones Penitenciarias», velan a diario por el cumplimiento de la tarea que la Constitución de 1978 les encomienda: la reeducación y reinserción social.