Aunque en este caso, la cuestión atañe también a otra cuenca -la del Guadiana- el problema resulta similar al que se enfrentan en el sureste, con una sequía que amenaza la disponibilidad de recursos hídricos en un futuro que ven cada vez más cercano.
De hecho, en la vega del Segura llevan meses con restricciones al riego y coinciden en ese análisis del sinsentido de que se continúe dejando correr más caudales de los acordados al país vecino. Y no se trata de un volumen pequeño, sino que en lugar de unos 2.600 hectómetros cúbicos anuales, llegan a las zonas de desembocadura del Tajo en tierras portuguesas más de 6.000 hm3. Una cantidad abrumadora si se tiene en cuenta que el campo levantino y murciano lucha por apenas un centenar de hectómetros que se le van a quitar.
Y en esta especie de tablero de juego, por las maniobras políticas que suscita, el único que parece satisfecho con este status quo del acuerdo firmado entre ambos países, y así lo reflejó en su postura para el Plan de Cuenca del Tajo, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Todo eso, mientras su Ejecutivo -con respaldo de la oposición de PP y Vox- solicita ahora al Gobierno de Pedro Sánchez la construcción de una conexión entre dos embalses en Guadalajara para hacer trasvases (estos sí) aunque no los considera tales porque son internos, quedan en casa. En un ambicioso plan de desarrollo agrícola, urbanístico e industrial del corredor de Henares, que uno de sus dirigentes ha calificado de «imperiosa necesidad».
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