De vendedores de coches a empleados de toda la vida: quién es quién en la cúpula que quebró la CAM

Entre los o cho exdirectivos que serán juzgados para esclarecer si su gestión (que derivó en la quiebra y posterior desaparición de la caja) fue constitutiva de delito, hay desde empresarios metidos a banqueros a empleados de la caja que llegaron a desempeñar las máximas responsabilidades en lo que terminó siendo un gigante del sistema financiero español con los pies de barro. Todos ellos afrontan ahora una fianza «conjunta y solidaria» por importe de 1.592 millones de euros . Estos son sus perfiles.

Del concesionario de coches a la presidencia de la cuarta caja de ahorros española. El ilicitan o Modesto Crespo sustituyó al ya fallecido Vicente Sala como máximo mandatario de la CAM en junio de 2009. Con anterioridad había sido secretario del consejo de administración. Crespo, dedicado a la venta de turismos, no gozaba de experiencia en el sector financiero, pero ascendió a la presidencia en una etapa de máxima convulsión en el seno del PP de la Comunidad Valenciana.

El Gobierno autonómico andaba huérfano de representantes empresariales en la provincia de Alicante con la suficiente sintonía como para situarlos al frente de una entidad de la magnitud de la CAM. Su afinidad con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, resultó determinante para llegar a un puesto que dejó el 22 de julio de 2011 a instancias del Banco de España, que había decretado la intervención de la entidad. Dos días antes, Camps también había presentado su dimisión.

Fue director general de la CAM desde enero de 2001 ( tras la complicada marcha de su predecesor, Juan Antonio Gisbert ) hasta noviembre de 2010. Bajo su mandato se vivieron los días de vino y rosas de la entidad (López Abad fue el ejecutor de la expansión nacional de la CAM) y se llegó al borde del precipicio.

Antes de dejar la caja, López Abad participó en el proceso para fraguar un Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria. Atrás quedaban las opciones de una fusión fría con Bancaja o Caja Madrid. Por el camino quedaron los problemas con la emisión de las cuotas participativas, las preferentes y el caso de un desvío de fondos (247 millones de euros) a paraisos fiscales por el que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez le envió a prisión en noviembre de 2013 .

Llegó a la máxima responsabilidad ejecutiva de la entidad en noviembre de 2010 en sustitución de Roberto López Abad, pero no era nueva en la plaza. De hecho, entró como empleada en 1982 y había sido directora general adjunta de la CAM desde febrero de 2001. María Dolores Amorós fue la última directora general de la entidad alicantina hasta su nacionalización.

Duró nueve meses en el cargo pero pactó una jubilación de 30.791 euros mensuales. Llegó a demandar a la entidad por su despido , pero perdió el proceso. En marzo de 2012, una juez le dejó sin pensión ni indemnización al entender que eran merecedoras «del máximo reproche y sanción» tras haber conducido a la caja a la quiebra. Amorós pedía diez millones de euros en concepto de lucro cesante.

El resto de procesados en los que se considera la pieza principal por la quiebra de la CAM son exdirectivos de la entidad procesados por haber alterado prespuntamente las cuentas de 2010 y un semestre de 2011. En concreto, se trata de Vicente Soriano (Recursos); Teófilo Sogorb (Planificación y Control); Francisco Martínez (Inversiones y Riesgo), Juan Luis Savater (Financiación y Gestión de Liquidez); y Salvador Ochoa (Información Financiera).