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Tribunales

Trenzano asegura ante el juez que desconocía que empresas del hermano de Ximo Puig recibieron ayudas

El director general de Política Lingüística defiende que no se observaron irregularidades en las subvenciones y que se realizó una fiscalización más exhaustiva tras la denuncia del PP

Rubén Trenzano, en la Ciudad de la Justicia de Valencia EFE

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El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano , ha declarado este martes ante el juez a raíz de una querella del PP por una supuesta falsedad documental al, supuestamente, mentir en acto administrativo cuando aseguró en abril de 2018 que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig: Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports. Según los populares, ambas han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 sin ningún tipo de control.

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse «en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política», cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, tras estudiar el recurso de apelación presentado por el PP, decidió revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa.

El director general de Política Lingüística, quien ha rehusado responder a las preguntas del letrado del PP, ha asegurado que gestiona «miles de subvenciones al año» y que fue consciente de que era una empresa vinculada al hermano de Puig tras la denuncia de los populares y al hacerse públicos los hechos .

Trenzano ha justificado que en abril de 2018 no dictó ningún acuerdo, sino que ante una solicitud de los populares firmada por Eva Ortiz «totalmente atípica» y en la que denunciaba irregularidades «sin especificar cuáles», se le envió una carta de respuesta «por cortesía parlamentaria». Cuando esto ocurre, señala que se aprobó un nuevo plan de control para poder hacer una fiscalización «más exhaustiva» de las ayudas otorgadas, ya que hasta entonces sólo se podía realizar de manera aleatoria. La conclusión fue que no existía ninguna irregularidad .

Ha insistido, en este sentido, en que todas las subvenciones pasan por un filtro de cinco fases de control, un trabajo que es «totalmente técnico», pues son los funcionarios los que comprueban los extremos de la subvención «sin distinción».

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