El PSPV contabiliza 400.000 euros de pagos a la empresa investigada pero no aporta las facturas

Esta cantidad también aparece en el auto de la juez , en el que destaca que en 2007 figuraban ingresos del partido a la sociedad por importe de 79.663 euros, mientras que en 2008 fueron de 325.094 euros. Este fue el año de celebración del congreso de los socialistas valencianos organizado por la gestora que presidía Joan Lerma.

El PSPV, sin embargo, no ha conseguido aportar ninguna factura de las que se investigan -al igual que sucedió con el Bloc-, sino únicamente apuntes contables. En ellos no se detallan los conceptos. Tampoco pueden precisar una estimación del presupuesto de la campaña o cuánto costó el congreso de 2008 que eligió a Jorge Alarte como secretario general porque «han pasado once años».

El partido se afana en remarcar que no existen pagos a Crespo Gomar durante las dos semanas en las que duró la campaña. En los papeles que obran en poder de la Policía y del juzgado sí figura, de todos modos, previsión de gastos dirigidos para esta fase bajo conceptos como «Enfoque global campaña 2007» . Fuera de los pagos a Crespo Gomar, ésta costó en total 999.919 euros tal como figura en el Tribunal de Cuentas.

El documento interno de la formación fue presentado ayer por el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, y la responsable del área jurídica, Ana Barceló. Ha sido elaborado a lo largo de un mes, desde que se conociera la investigación sobre una presunta financiación irregular de la formación -y del Bloc Nacionalista Valencià (el partido mayoritario dentro de la coalición Compromís)- durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y que ya estaría prescrita.

Uno de los puntos más importantes de las conclusiones es que dos empresas realizaron donaciones «incorrectas» al PSOE de Benidorm para financiar al partido de cara a la campaña electoral de 2007. «No eran ni son ilegales, pero están deficientemente tramitadas. Y se ha verificado que dichas empresas no han recibido trato de favor alguno por parte de la Administración», justifican.

Las empresas a las que hace referencia son Hospimar 2000 y Quick Meals . La primera se dedica a actividades sanitarias y de servicios sociales y es la cabecera del grupo hospitalario Imed. Según figura en la documentación presentada por el PP en una comisaría de Valencia -que desencadenó la investigación policial para después acabar en un juzgado-, habría aportado a los socialistas 32.358 euros para gastos electorales.

En ese momento, como en la actualidad, la dirige Ángel Gómez Navarro según la información empresarial. En 2008 la sociedad pasó a tener un consejo de administración al que pertenecieron hasta 2014 José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri (quien fue presidente), dos empresarios de Benidorm envueltos en varios casos de corrupción. Entre ellos, las polémicas operaciones hoteleras en el Caribe tras obtener de la CAM 380 millones de euros y que se lleva en la Audiencia Nacional.

En 2009, Bancaja se hizo con el 31% del grupo Hospimar, etapa en la que Pepe Cataluña -exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos y uno de los nombres que aparecen en los correos electrónicos que se estudian - ostentaba la vicepresidencia cuarta.

Por su parte, Quick Meals se presenta como el mayor franquiciador de la compañía Burguer King en España. Su donación, según las facturas, habría sido de 6.960 euros en concepto de «creatividad de campaña». En total, se trataría de 39.000 euros entre las dos, según consta en las facturas que ha venido publicando ABC .

En su informe, los socialistas hacen referencia únicamente a una cantidad de 17.478 euros, la cual aparece en el auto de la juez encargada del caso durante el último año y medio. En él destaca que la documentación de la Agencia Tributaria corroboró parte del contenido de los papeles que se investigan y que coinciden con ese dinero.

El candidato en Benidorm en 2007 fue Agustín Navarro y la época de los hechos está marcada por el control en la agrupación del conocido como «clan Pajín» -la familia de la exministra de Sanidad y exnúmero tres del PSOE Leire Pajín-.

Sobre la investigación de los distintos juzgados por presuntos delitos de malversación y prevaricación, el PSPV asegura que tendrá que ser la justicia «la que se pronuncie y determine si existe ilícito penal, una simple irregularidad administrativa, o no se aprecia irregularidad alguna».

Mata manifestó que para la elaboración del informe se ha hablado con 30 personas, además de recabar la documentación disponible, y se ha hecho todo lo posible, «a diferencia de otros», y se ha mostrado convencido de que «nadie ha tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora, nadie ha articulado una trama, y no hay responsabilidades personales»: «No podemos satanizar a una persona porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado. Otra cosa es que no lo hayamos detectado».