La carta «anti Vox» del Gobierno valenciano a los directores de los colegios públicos
La Generalitat ordena no responder por escrito a las posibles peticiones de las familias que soliciten información previa sobre charlas y conferencias no curriculares
Detalle de la carta remitida por la Generalitat a los directores de los colegios públicosABC
«El derecho de las familias a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos e hijas no puede, en ningún caso, desvirtuar el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia».
La Conselleria ... de Educación de la Generalitat Valenciana ha remitido una circular a los directores de los colegios públicos en la que les insta a «no pronunciarse por escrito» ante las posibles peticiones de las familias que «soliciten información previa a fin de prestar su consentimiento a la formación en determinadas materias si estas entran en contradicción con las creencias o ideas de madres y padres».
La carta, firmada por el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, hace alusión explícita al «pin parental» que propugna Vox y, al respecto, insta a los directores de los centros a trasladar las posibles solicitudes de las familias a la «Dirección Territorial de Educación correspondiente desde donde se dará respuesta».
En la circular dirigida a los responsables de los centros públicos , la Generalitat sostiene que el «pin parental vulnera el derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados, además de vulnerar tratados internacionales firmados por el Estado español como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño». Al respecto, explica que «el enfoque de género no es pernicioso, ni tiene efectos negativos» .
«Una caza de brujas»
La Generalitat entiende que el «pin parental» (autorización de los padres para charlas y conferencias no curriculares) vulnera los derechos de los niños. Con todo, en la carta -fechada el pasado 12 de febrero, no se hace mención expresa a Vox.
Ante esta situación, Vox entiende que la medida supone un «ataque contra la libertad de los padres» y una «caza de brujas al pedir los nombres y señala a aquellos que quieren hacer uso del pin parental, de su derecho como padres».
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