Multitudinaria manifestación contra el Gobierno en Alicante en defensa del trasvase Tajo-Segura

Así, la consellera de Agricultura, Mirella Mollà (Compromís), ha pedido que «reconsidere» su postura de recortar el caudal, ya que considera que hay «margen de negociación», el PSPV-PSOE ha reclamado un «frente común» ante una infraestructura que reitera que es «irrenunciable» y defenderán con «uñas y dientes».

Desde el PP han participado en la protesta el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, quien ha exigido diálogo con el Ejecutivo central; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha instado a un nuevo Plan Hidrográfico del Tajo con criterios "técnicos" y la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aranzazu Martín, que considera que se está actuando más con cuestiones «ideológicas» que con «científicas».

Mollà ha reconocido la labor de los agricultores y regantes ante una « reivindicación justa » como esta y ha hecho hincapié en que el Consell del Botànic tiene el «aval técnico» y «la razón» para pedir al Gobierno que "reconsidere" su postura.

«Sabemos que tiene que haber caudales ecológicos, no somos como otros gobiernos que han sido irresponsables y que han acabado con sentencias por no poder ser valientes. Queremos caudales ecológicos y sabemos que tenemos la razón junto con los regantes al pedir esos 6 m3 por segundo que harían que el Tajo estuviera garantizado», ha expuesto Mollà en atención a los medios.

A su juicio, «aún queda margen de negociación» por lo que ha reclamado al Gobierno que «entienda que hace dos años estos agricultores y estos regantes abastecieron las bocas de todas las casas y familias en una pandemia mundia». Además de la consellera de Agricultura, por parte de Compromís han asistido a la concentración la síndica adjunta en las Cortes Valencianas, Aitana Mas; los alcaldes de Crevillent, José Manuel Penalva; el de Daya Vieja, José Vicente Fernández o el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido.

La nueva consellera de Innovación y Universidades y exsenadora socialista, Josefina Bueno , ha reiterado que el trasvase «es irrenunciable» y «no hay alternativa». «Lo defenderemos como toca, con política e intentando llegar a acuerdos. Nuestra decisión irá hasta las últimas consecuencias», ha zanjado. En la misma línea, la presidenta del PSPV y próxima síndica en el parlamento autonómico, Ana Barceló , ha mostrado s apuesta por el diálogo, ha reclamado «un frente común » para defender el Tajo-Segura, una reivindicación que llevarán a la cámara autonómica «para apoyar de forma unánime a la provincia de Alicante y a sus regantes».

« Exigimos al Gobierno que reconsidere su postura y se mantengan las condiciones actuales del trasvase». Además, ha reiterado que «defenderemos con uñas y dientes esta cuestión, que es vital para las comarcas del sur de Alicante, especialmente las de la Vega Baja, l'Alacantí y el Vinalopó».

Por su parte, Carlos Mazón ha abogado por «un acuerdo, basado en el diálogo con firmeza entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para solucionar el problema del agua», ha indicado a los medios. «Nos sumamos sin fisuras y como un único partido a los regantes y agricultores y a las necesidades de la provincia de Alicante y de la región de Murcia y de Almería», ha dicho.

Mazón ha subrayado que no es «una concentración contra nadie. No es contra nuestros hermanos regantes y agricultores de Castilla-La Mancha, también les defendemos de los engaños, de la demagogia y de la división entre españoles que está fomentando el gobierno socialista de Sánchez ».

«En España hay agua para todos y no hay que depender de que llueva para que todos podamos regar nuestros campos. La solidaridad es para todos y va siempre en una doble dirección», ha defendido. En este sentido, ha exigido la convocatoria a una mesa de negociación «porque esta guerra del agua que está generando el PSOE se tiene que arreglar. No se soluciona ni con mentiras, ni demagogias ni cálculos electorales. Pido diálogo desde la solidaridad entre todas las regiones de España porque el agua es de todos».

Por último, ha instado a Puig a ser « valiente y que venga aquí a defender el agua que merece su tierra y que si es necesario, se enfrente a su propio partido, al presidente Sánchez, le haga entrar en razón, porque no vale con declaraciones y medias tintas».

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras , ha urgido al Gobierno central a anular el Plan Hidrológico del Tajo y a elaborar uno nuevo basado en «criterios técnicos» porque « estamos hablando del futuro del Levante» y el trasvase al Segura es una infraestructura «viable».

«Estuvimos en Madrid, estuvimos en Murcia y también estamos en Alicante. Vamos a estar siempre con los agricultores, con los regantes y con el Levante español porque hoy nos estamos jugando mucho, muchísimo», ha dicho el dirigente murciano.

Por su parte, Aranzazu Martín ha expresado su apoyo «a la agricultura almeriense. No solo apoyamos al sureste español sino a nuestro levante almeriense, donde nos estamos jugando el agua de más de 130.000 ciudadanos y más de 20.000 hectáreas de riego de cultivos», ha asegurado y ha afirmado que las decisiones que está adoptando el Ministerio en relación al trasvase Tajo-Segura «están basadas más en cuestiones ideológicas que en cuestiones científicas».

Desde Ciudadanoss, la síndica Ruth Merino ha criticado que "«PP y PSOE nos han traído hasta aquí, han gobernado décadas y nunca han hecho nada por solucionar el problema del trasvase, que se lleva arrastrando demasiado tiempo y, a la hora de la verdad, han dejado tirado al sector primario de la provincia». Merino ha pedido « altura de miras para abordar un problema muy serio» y ha insistido en poner en marcha un pacto nacional del agua con el consenso de todos los agentes implicados, partidos políticos y comunidades autónomas para garantizar el suministro de los recursos hídricos a todos los territorios.

Tras el éxito del 17M, ASAJA Alicante y el resto de entidades convocantes ya trabajan en nuevas movilizaciones y acciones para garantizar que el Levante continúe recibiendo agua para seguir aportando más de 3.000 millones al PIB nacional cada año y alimentar a decenas de miles de familias.