La Universidad de Alicante no borrará el nombre del secretario judicial de la condena a Miguel Hernández

De este modo, queda sin efecto una medida que, pese a la alarma mediática generada, no llegó a ejecutarse ya que fue el propio autor quien decidió primero sustituir los nombres de la persona afectada por sus iniciales y, después, desindexar el artículo de forma cautelar. El rector ha explicado que para la resolución del Recurso de Alzada se ha llevado a cabo una nueva ponderación en la que se ha tenido en cuenta un informe remitido por la Agencia Española de Protección de datos el pasado 21 de junio sobre un caso de similares circunstancias. En esta revisión se ha tenido particularmente en cuenta, según mantiene el rector “los fines de investigación científica o histórica, la consideración de autoridad pública y el concepto de investigación” que -tal y como ha manifestado- “incluye la publicación en abierto” en repositorios virtuales “como un índice de calidad de la difusión científica y una extensión del contenido digital de la investigación misma”.

La resolución aprecia que en el periodo histórico investigado la actuación como secretario judicial y, por tanto, en el ejercicio de una función pública por parte de Baena Tocón , “tiene un interés público por lo que tendría consideración de autoridad pública y la publicación de su nombre y apellidos no es contraria a la normativa sobre protección de datos de carácter personal”.

De este modo, el rector concluye que el artículo mencionado “puede ser indexado por los buscadores de internet de la Universidad de Alicante sin limitación alguna” por lo que “procede anular la medida técnica adoptada”.

Este caso ha abierto un debate latente desde hace tiempo en universidades y centros de investigación sobre si los metadatos de las obras editadas digitalmente forman o no parte de la obra publicada y si son o no, modificables por los administradores de los repositorios. Palomar, catedrático en Lenguajes y Sistemas Informáticos , ya evidenció el pasado mes de junio la necesidad de regular al respecto para proteger la obra científica.

Por último, en otro punto del recurso planteado ante el rector sobre la competencia de la Gerencia universitaria respecto al fallo inicial ahora anulado, se concluye que efectivamente “se trata del órgano competente como responsable de los ficheros de datos de carácter personal y de las actividades de tratamiento”.